El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, tuvo que salir a dar explicaciones a raíz de una denuncia contra su gestión, en la que se acusa a la administración provincia de adjudicar vivienda sociales a funcionarios y personas cercanas al mandatario.
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Según publicó el diario El Tribuno de Salta la provincia adjudicó viviendas sociales del Barrio Lomas de Medeiros, y de la lista de beneficiarios se desprenden 67 personas vinculadas al ejecutivo salteño, como es el caso del Secretario legal y técnico, Pablo Robbio Saravia, además de empresarios, familiares y amigos de funcionarios.
Luego de que el caso tomara trascendencia, Urtubey realizó una conferencia de prensa este lunes en la que dio explicaciones por el caso. "Este plan comenzó a principios de 2007, un plan especial para la clase media, obra que estaba financiada por la Nación, provincia y con un ahorro previo de los adjudicatarios. Nosotros recibimos la obra y la terminados de realizar", indicó según reportan los medios locales.
"Los únicos adjudicatarios que quedarán son los 25 que vienen de la época de Juan Carlos Romero; el resto se inscribió durante mi gestión, y son 39 familias. Los 25 adjudicatarios están firmes y tienen derecho adquirido, están dentro de la Ley, al igual que los preadjudicatarios", prosiguió Urtubey. Y amplió: "El sistema que se utilizó no es de sorteo, algo que yo no estoy de acuerdo, pero todo se hizo de acuerdo al sistema que se implementó en el IPV en la gestión anterior. Las casas que hacemos nosotros, que son para los más humildes, siempre van a sorteo, y ya construimos 10 mil".
Urtubey consideró que "este sistema de adjudicación no es correcto, según mi visión como gobernador, pero le pedí al titular del IPV que dé la baja a los 39 preadjudicatarios que se anotaron durante mi gobierno y serán dados de baja. Todos los inscriptos en el IPV que den con los requisitos tendrán 10 días para anotarse e ingresar en la nómina para ser sorteados. Hasta el viernes 19 tendrán tiempo para postularse y el lunes 22 se hará el sorteo. Los únicos 25 adjudicatorios con derecho firme son los que vienen de la gestión anterior. Esto lo decidí y lo vamos a poner en marcha". Y pidió "a los preadjudicatarios de mi gestión que no se presenten".
Asimismo, el mandatario aseguró que el Instituto Provincial de la Vivienda, que conduce Fernando Alesanco, "no cometió ningún delito" ya que "siguió con el plan en el marco que estaba establecido".
"Haremos una presentación judicial y si las casas se hicieron con fondos nacionales iremos a la Justicia Federal porque esta situación constituye un fraude a la administración pública", denunció al respecto diputada provincial Liliana Mazzone, del opositor Frente Democrático.
"El comunicado que emitió el Instituto Provincial de la Vivienda resultó insuficiente para calmar la indignación de la gente porque es incoherente y muy poco concreto como para atenuar el escándalo", advirtió Mazzone.
Para la legisladora, "evidentemente es una entrega direccionada para beneficiar a personas que no tienen problemas económicos y no a los ciudadanos que sufren la verdadera crisis habitacional que se vive en Salta".
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