Tratan hoy la ley para interrumpir embarazos

En los casos de anencefalia y otras patologías incompatibles con la vida extrauterina se podría permitir que las mujeres opten por interrumpir la gestación, de acuerdo a una ley de procedimiento que se tratará hoy en la Legislatura porteña.

La iniciativa de la diputada Marcela Larrosa, que ya cuenta con despacho de comisión, «propicia una ley de procedimiento para embarazos incompatibles con la vida», consigna la Legislatura en un comunicado.

Hasta ahora, en este tipo de casos las mujeres que afrontan la angustia de llevar en sus vientres un bebé que no tiene ninguna posibilidad de vivir, deben recurrir a la Justicia y esperar un veredicto que las autorice si quieren interrumpir el embarazo. El objeto de la ley es «regular el procedimiento en los establecimientos asistenciales del sistema de Salud de la ciudad, respecto de toda mujer embarazada con un feto que padece anencefalia u otra patología incompatible con la vida» extrauterina.

Esta situación tendrá que ser «fehacientemente comprobada por el médico tratante», mediante «dos ecografías obstétricas, en las que deberá consignarse el número de documento de identidad de la gestante o su impresión dígito pulgar».

Una vez confirmada la nula posibilidad de vida del bebé al nacer, el médico estará «obligado a informar» a la embarazada, y explicarle «de mane-ra clara y acorde a su capacidad de comprensión, el diagnóstico y pronóstico de la patología que afecta al feto, la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo, y los alcances y consecuencias de la decisión que adopte».

Además, se deberá dejar «constancia en la historia clínica de haber proporcionado dicha información, debidamente conformada por la gestante».

Por la norma, los establecimientos asistenciales del sistema de salud porteño deberán «brindar tratamiento psicoterapéutico» a la mujer «desde el momento en que es informada de las características del embarazo y hasta su rehabilitación, gozando de prioridad en la asignación de turnos» para su tratamiento. El proyecto encomienda al Ejecutivo porteño la instrucción de médicos y funcionarios que se desempeñan en su órbita y, en caso de «objeción de conciencia» ante esta práctica, prevé que los directivos de los establecimientos asistenciales estarán «obligados a disponer los reemplazos y sustituciones de manera inmediata».