«Este linchamiento vino ordenado desde el Poder Ejecutivo y la señora senadora Fernández de Kirchner no tuvo un ápice de decoro para excusarse de participar», acusó ayer el radical José de Zavalía, en uno de los tramos más duros de la sesión secreta que precedió la votación de la destitución de Eduardo Moliné O'Connor.
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La deliberación, que se hizo a puertas cerradas desde las 16.10 y durante 3 horas, sirvió, además, para que Jorge Yoma adelantara, en nombre del PJ, que no se acusaría al juez de la Corte por el expediente Macri. «Los cargos remitidos por la Cámara de Diputados no son consistentes», señaló el riojano en una implícita crítica al trabajo de Ricardo Falú, titular de la comisión de Juicio Político. «De acuerdo con la ley vigente, cuando el imputado satisface la pretensión fiscal, se extingue la acción penal», concluyó Yoma. Vilma Ibarra, socia extramuros del Ejecutivo, le salió al cruce en este punto, en un revival de la campaña de su hermano, Aníbal Ibarra contra Mauricio Macri. «El tema Macri es causal de destitución, pero, gracias al lobby de Macri, se pretende demostrar lo contrario», disparó la senadora. Yoma insistió en el expediente Meller que, por culpa de la Corte, «dejó indefenso al Estado». El renovador salteño Ricardo Gómez Diez retrucó que «el Estado siempre tuvo la posibilidad de revocar la resolución de ENTel por la deuda que reclamaba Meller. La Corte no entró al fondo de la cuestión y por eso el presidente Néstor Kirchner, en el decreto 431, pudo revocar la resolución, señalando, además, que el máximo tribunal no había entrado al fondo de la cuestión», aclaró Gómez Diez.
El salteño siguió con su exposición sobre la inviabilidad de juzgar a los magistrados por el contenido de las sentencias y la falta de garantías, entre otras cosas, por la limitación de testigos. La exposición irritó a Cristina de Kirchner, que comenzó a mascullar bronca. Daniel Scioli: Señor senador, se le agota el tiempo. Le pido que vaya redondeando... Ricardo Gómez Diez: Está bien, voy a concluir de manera telegráfica, igual que el proceso contra Moliné. Que duró 3 meses, con la restricción del período de prueba de 30 días hábiles a la mitad.
El radical Carlos Maestro recordó el desacuerdo de su partido con la ampliación de la Corte, así como la disposición de la UCR a destituir a Moliné y otros jueces por los cargos que cayeron en 2002, tras el viraje del gobierno de Eduardo Duhalde. «Estos cargos son endebles desde el punto de vista jurídico», concluyó Maestro que venía de una deliberación de bancada en la cual había triunfado esta posición por 9 a 4 (se opusieron el entrerriano Jorge Taffarel, el misionero Mario Losada -futuro titular de bloque y socio en su provincia de Carlos Rovira-, el chaqueño de Angel Rozas Eduardo Moro y el fueguino Jorge Colazo, quien no aceptó la disciplina de bloque). La cordobesa Norma Bermejo apuntó que «no estoy de acuerdo con los cargos, pero me voy a ir y no participaré de la votación porque no quiero avalar a la Corte».
Fastidiada, Cristina de Kirchner no le contestó a Zavalía, aunque se reservó el anteúltimo lugar en la ronda reservada. Primero, pareció pegarle a Gómez Diez por «quienes hoy se rasgan las vestiduras y piden garantías, cuando vienen de partidos que nacieron del Proceso». «Esta sentencia es un acto de reparación para los argentinos que sufrieron por lo que hicieron con la Justicia en este país», concluyó. Por lo bajo, el tucumano Pablo Walter (Recrear) aprovechó para murmurar: «si van a hacer la reparación del Estado de Derecho de esta forma y con esta gente, la que nos espera».
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