El exfuncionario cuestiona la pericia que lo comprometió por casi $4,7 millones y pide un nuevo estudio contable. Pone en duda la imparcialidad de los jueces que revisarán su procesamiento
Archivo. La defensa de Baratta solicitó revocar el procesamiento y realizar una nueva pericia integral
La defensa del exfuncionario de Planificación Federal, Roberto Baratta, sostiene que el cálculo patrimonial por el que se lo procesó por enriquecimiento ilícito se hizo sobre cifras y atribuciones fijadas previamente por el juzgado, sin verificar de manera independiente quién financió los bienes investigados. Así, solicitó revocar el procesamiento y realizar una nueva pericia integral. Además, recusó a los jueces de la Cámara Federal que deben revisar la decisión.
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En detalle, la representación de Baratta, exmano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, puso el foco en la metodología de la pericia contable utilizada para procesarlo por presunto enriquecimiento ilícito. En su apelación, cuestionó que el estudio oficial haya tomado como ciertos determinados importes y atribuciones patrimoniales indicados por el juzgado, en lugar de reconstruirlos de manera independiente a partir de la documentación.
El planteo apunta especialmente a Mapuche, el terreno y la construcción cuyo costo fue fijado en $3.700.000, una partida que, según la defensa, tiene una incidencia determinante en el resultado de la investigación.
El procesamiento, dictado el 5 de octubre de 2026, atribuyó a Baratta un supuesto incremento patrimonial apreciable e injustificado de $4.678.496,90, correspondiente a los ejercicios 2005, 2008, 2010 y 2012 a 2017.
En el recurso, su abogado, Rodolfo Miguel Iglesias, solicitó que la Cámara revoque esa decisión. También pidió que se produzcan las medidas de prueba rechazadas y que, una vez completada la investigación, se realice una nueva pericia contable a cargo de profesionales distintos.
La defensa resumió su principal cuestionamiento con una crítica a la forma en que se construyó la prueba: sostuvo que la pericia oficial fue utilizada como una confirmación independiente de una hipótesis que, en los aspectos centrales, ya había sido incorporada como premisa en el cuestionario judicial.
Uno de los argumentos del escrito es que la experta oficial habría trabajado con operaciones, personas e importes previamente definidos por el juzgado. Para sostenerlo, la defensa citó las propias aclaraciones de la contadora, quien explicó que inició el análisis: “Imputando las operaciones detalladas por el Juzgado según los valores allí informados a las personas indicadas”.
Según la defensa, esa metodología condicionó el resultado porque la perito tomó como ciertos los importes consignados en el cuestionario y no reconstruyó de manera autónoma aspectos centrales de la imputación.
En el caso de Mapuche, la defensa señaló que la experta adoptó el valor fijado en el requerimiento judicial “con independencia de la documentación incorporada en autos”, al considerar que se trataba de una valoración jurisdiccional ajena a su incumbencia técnica.
A partir de esa observación, el abogado planteó que el procesamiento se apoya en un razonamiento circular: el juzgado estableció determinadas premisas, la pericia las incorporó y luego el resultado fue presentado como una corroboración técnica de esas mismas premisas.
“La pericia no fue orientada a decidir entre hipótesis contrapuestas, sino a calcular una hipótesis seleccionada de antemano”, sostuvo la defensa.
Y agregó que un cálculo puede ser correcto desde el punto de vista aritmético, pero carecer de fuerza probatoria suficiente si no se verificaron de manera independiente cuestiones esenciales, como quién era el verdadero titular económico de los bienes, de dónde provenían los fondos y qué importes correspondía atribuirle al imputado
Otro de los puntos de la apelación es la falta de una reconstrucción integral de las fuentes patrimoniales de los padres de Baratta y de la esposa Dalina Bielle, cuyos bienes fueron considerados dentro del análisis patrimonial.
La defensa sostuvo que se computaron inmuebles y erogaciones vinculados registralmente con esas personas, pero que no se examinaron con el mismo alcance sus ingresos, ahorros, créditos, derechos sucesorios y aportes familiares.
En particular, pidió profundizar la investigación sobre los depósitos a plazo fijo que los padres de Baratta habrían mantenido y renovado desde 1997.
Según el escrito, el último retiro se produjo aproximadamente un año antes de la adquisición de Mapuche, un dato que, para la defensa, justificaba reconstruir el recorrido del dinero y su posible aplicación a la compra del terreno y a la construcción.
El abogado aclaró que esa secuencia bancaria no demuestra por sí sola que los padres hayan financiado la operación. Sin embargo, argumentó que era necesario investigar esa posibilidad antes de descartarla y atribuir los fondos al exfuncionario.
Por eso reclamó que se incorporen los antecedentes bancarios, laborales, previsionales y sucesorios necesarios para determinar quién aportó el dinero y cuál fue su destino.
La apelación incluye, además, una objeción puntual sobre los números finales. Según el escrito, la pericia oficial había arrojado un saldo acumulado negativo de $4.602.996,90, mientras que el procesamiento fijó el supuesto incremento injustificado en $4.678.496,90.
La defensa advirtió que existe una diferencia de $75.500 y cuestionó que la resolución no explicara qué partida se incorporó, a qué ejercicio correspondía ni cuál era su respaldo documental.
Para Iglesias, cuando el monto resulta determinante para sostener la imputación, el tribunal debe exponer de manera verificable cómo llegó a esa cifra.
El recurso también objeta la atribución del dinero secuestrado sin que, según la defensa, se haya determinado de manera suficiente su titularidad económica, procedencia y disponibilidad efectiva. En ese punto, cuestiona que la presencia física del efectivo se haya tomado como indicio de pertenencia patrimonial sin completar las medidas solicitadas para esclarecer su origen.
En función de esos cuestionamientos, la defensa solicitó:
Que se revoque el procesamiento y se dicte la falta de mérito. También que se produzcan las medidas de prueba ofrecidas para comprobar las explicaciones del imputado.
Entre ellas que se realice una nueva pericia contable integral, con profesionales distintos y una metodología común, verificable y no condicionada.
Subsidiariamente, que se declare la nulidad del procesamiento por falta de fundamentación suficiente, omisión de pruebas relevantes y afectación del derecho de defensa.
La pretensión es que la situación patrimonial sea reconstruida a partir de la documentación primaria y que se determine, operación por operación, el origen de los fondos y el monto que eventualmente pueda atribuirse a Baratta.
En paralelo, la defensa presentó una recusación, un pedido de apartamiento contra los jueces de la Cámara Federal que deben intervenir en la revisión del procesamiento.
El abogado argumentó que los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ya habían adoptado decisiones anteriores sobre aspectos centrales de la pericia contable y que ahora deberán analizar si ese mismo estudio fue suficiente para sostener la imputación.
El planteo no se basa, según el escrito, en una acusación de enemistad personal ni en el mero hecho de que los jueces hayan dictado resoluciones desfavorables. La defensa sostiene que existe un problema de imparcialidad objetiva, porque los camaristas deberán revisar cuestiones metodológicas y probatorias sobre las que ya se pronunciaron, incluida la negativa a realizar una nueva pericia.
“Desde la perspectiva objetiva de un observador razonable, esa necesidad de revisar conclusiones propias, recientes y decisivas compromete la apariencia de apertura”, afirmó el abogado Iglesias en la presentación.
Por ese motivo, pidió que los magistrados sean apartados y que la Sala se integre con jueces distintos. También solicitó que se deje sin efecto, hasta que se resuelva la recusación, la audiencia prevista para el 27 de octubre de 2026, o que subsidiariamente se suspenda.
Baratta, que es uno de los acusados en el juicio por el caso Cuadernos, advirtió que la causa por enriquecimiento ilícito estaba “en un limbo” desde 2018 y que fue usada como herramienta disciplinadora.