Una nueva estrategia para juzgar militares

Néstor Kirchner ratificó un acuerdo internacional de 1970 que declara imprescriptibles e internacionalmente punibles los crímenes de guerra y contra la humanidad. Eso permitiría que se investiguen los delitos imputados a ex militares por la represión violenta en los años '70. Para que tenga efectividad y no choque con las leyes de punto final o los indultos, el Congreso debe elevar este tratado a nivel constitucional. Eso implica una enmienda con 2/3 de los votos en el Congreso, algo no fácil de lograr. En tanto, Diputados intentará hoy tratar la anulación de esas normas cercado por activistas de izquierda y de derechos humanos, aunque los decretos de anoche alivian la tensión de esta sesión. Una Cámara del Crimen reconoció a Baltasar Garzón como «juez natural» en la causa contra 45 militares y un civil.

Néstor Kirchner recibió ayer en Casa de Gobierno a la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, para comunicarle en persona la firma del decreto que formaliza la adhesión a la convención que declara imprescriptibles los delitos de guerra y de lesa humanidad.

El gobierno decidió ayer ratificar la adhesión de la Argentina a la convención de la ONU de 1970, que declara imprescriptible los delitos de guerra y de lesa humanidad que el Congreso había aprobado en 1995 y que nunca desde entonces había puesto en práctica.

Esto es una formalidad, pero decisiva porque crea el compromiso legal del país y consiste en que un funcionario deposite copia de la ley respectiva en la sede de la ONU en Nueva York, según le ordena Néstor Kirchner a Rafael Bielsa que haga según el Decreto 579 conocido anoche.

Para que no sea todo otra cortina de humo y rinda alguno de los efectos que busca el gobierno, el Congreso debe darle estatus constitucional al tratado y es lo que pide el gobierno en el Decreto 580; es la manera de voltear la validez del Código Penal, de las leyes de punto final, de los regímenes de extradición y de los fallos de la Corte.

El gobierno se dedicó a discutir esta forma de aliviar al Congreso del aprieto en que lo ha puesto el propio gobierno al peronismo, hoy dividido e intimidado por los alaridos de una minoría de izquierda nostálgica, toda la jornada de ayer. En el despacho presidencial se agolparon el Presidente, sus secretarios Oscar Parrilli, Carlos Zanini (legales), Miguel Núñez (vocero), Jorge Taiana (h) (vicecanciller), Eduardo Luis Duhalde (derechos humanos), los ministros Gustavo Béliz y Alberto Fernández. Todo para mortificación de José Pampuro, que pasó por el despacho presidencial como interino de Relaciones Exteriores (Bielsa sigue de viaje) y fue forzado a firmar el decreto con lo cual deberá esforzarse en explicarle a los uniformados que no tiene nada que ver con esta movida de su gobierno.

Esa convención a la que no han adherido países como los Estados Unidos o Brasil, dictamina los delitos cometidos en una guerra -es decir excesos que están condenados por las convenciones- o contra la condición humana según lo establecido por el estatuto del Tribunal de Guerra de Nüremberg. Ese tratado, que se discutió en la ONU en los últimos años de la década de los '60, entró en vigencia el 1 de enero de 1970 y permitió legalizar la persecución de los criminales de guerra nazis quitándoles la protección que les daban leyes procesales que declaraban delitos aledaños como prescriptos después de cierto tiempo, o las normas de extradición que rigen entre los países.

En 1995 el Congreso votó la adhesión a esa ley, pero el gobierno nunca había formalizado la adhesión; en dos oportunidades el hoy senador Jorge Yoma había presentado proyectos para que se perfeccionase la adhesión al tratado, pero nunca hasta ahora el gobierno lo había hecho.

El debate sobre esta adhesión lo conoció el gobierno desde hace una semana cuando desde el Congreso le llegaron críticas a la posición del gobierno de promover la nulidad de las leyes de punto final, un expediente que ponía al peronismo al borde de la fractura.

Tampoco había caminado la vía de que la Corte declarase la inconstitucionalidad de esas normas, pero en el primer acuerdo que siguió al receso invernal un documento contundente firmado por el nuevo presidente, Carlos Fayt, rechazó esas presiones. El alto tribunal, dijo su presidente acompañado por la firma de todos sus integrantes, no iba a resolver esa cuestión presionado por ningún cronograma externo. Además, dijo Fayt, la Corte «cogobierna» y sus pasos deben guiarse por esa misión que tiene, más allá de las necesidades políticas de una gestión.

• PJ dividido

La situación del peronismo para hoy martes 12 era la peor: el bloque dividido, los legisladores de la oposición jugando a redoblar apuestas, la calle dominada como ocurre en los últimos años por activistas de izquierda que intimidan a los poderes formales. Las gestiones de los nuevos comisarios de Néstor Kirchner en el Congreso, José María Díaz Bancalari y Eduardo Camaño, fracasaron en imponer una «unanimidad» en un proyecto que se presentase como alternativa de la lisa y llana «nulidad» que reclama el de la comunista Patricia Walsh.

Hoy el partido de gobierno, más peleado hacia adentro que nunca y con el duhaldismo más fiel en la vereda de enfrente del kirchnerismo, igual irá a la sesión con el propósito de llevar el tema a comisión hasta nuevo aviso. Pero llega aliviado por este trámite que le da a la cuestión el Presidente, con lo cual apuesta a una solución jurídica de fondo, pero que forzará al Congreso a enfrentar una división aún mayor.

Con la adhesión a este tratado la Argentina declara que esos crímenes de guerra y de lesa humanidad son perseguibles por la ley sin límite de tiempo y sin fronteras.

También convierte en inválidas las leyes como las de punto final y obediencia debida o los indultos. Es decir convertiría en superado el debate de la nulidad o la inconstitucionalidad de esas normas por nuevas leyes o acordadas de la Corte.

Pero un tratado según la Constitución Argentina tiene un nivel inferior a lo que dictamina la Carta Magna y las leyes del Congreso (art. 31° de la versión reformada en 1994) y cualquier proceso que se iniciase o reiniciase en función de este tratado desde la fecha cuando se ratifique, podría volver a interrumpirse por imperio de leyes de validez superior como el Código Penal, que establece el principio de la ley más benigna, las leyes mismas de punto final o los dictámenes de la Suprema Corte que ratificaron su constitucionalidad.

Además, el mismo Congreso deberá describir en una reglamentación que se especifique qué son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, según lo que dice a su vez el Código Penal. Hasta ahora los militares y civiles acusados de participar en la represión clandestina de las guerrillas han sido condenados o procesados por delitos del Código Penal (homicidio en el caso de los ex comandantes después indultados).

No ocurrirá lo mismo si el Congreso aprueba lo que le pide el gobierno en el segundo decreto que se conoció anoche, donde solicita que eleve el tratado a rango constitucional.

La reforma de 1994 le dio ese nivel a los tratados que la Argentina había aprobado hasta esa fecha, pero la adhesión a la condena de estos crímenes se votó en el Congreso después de la reforma, en noviembre de 1995.

Para que este tratado esté por encima del Código Penal, de las leyes de punto final, de los regímenes de extradición y de los fallos de la Corte Argentina, el Congreso deberá votar por los 2/3 del total de las bancas su incorporación. es la única posibilidad de que la decisión del gobierno sea efectiva para cumplir lo que el gobierno dice que quiere que se haga. Es decir que se reabran los juicios acá o que se juzguen a los acusados en el extranjero.

Técnicamente es una enmienda constitucional, la primera que se hace por este procedimiento desde 1994. Es decir que se trata de una reforma constitucional. No es quizás lo que quiso en un principio Kirchner cuando imaginó esta movida como un gesto testimonial forzado por unas convicciones cuya revelación aún le debe a los argentinos. Tampoco quizás es lo más prudente, porque es difícil que para éste u otro tema el gobierno pueda tener ese porcentaje de votos en el Congreso.