¿Llegará la situación abierta en Córdoba por las denuncias de fraude de Luis Juez a niveles de crisis similares a los que vivió México tras las elecciones del 2 de julio del año pasado, cuando el alcalde izquierdista de la capital, Andrés Manuel López Obrador, se negó tozudamente a reconocer el triunfo del conservador Felipe Calderón?
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En realidad, cada detalle de lo ocurrido en México supera contundentemente lo que acaba de pasar en la provincia argentina. A diferencia de lo que sucede en nuestro país, al menos en la historia reciente, hay allí una memoria fresca del uso del fraude como práctica política habitual, legado del reinado de siete décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y para alimentar más las suspicacias, la diferencia entre los candidatos fue mucho más exigua que la registrada en Córdoba, apenas 0,56 punto porcentual, 236 mil votos en un colosal padrón de 74 millones de ciudadanos.
Lo que marcó el caso mexicano fue la actitud del candidato derrotado, que nunca aceptó el resultado y hasta llegó a jurar como «mandatario legítimo» ante una multitud de acólitos en el emblemático Zócalo de México DF, su bastión electoral.
Sin embargo, lo que amenazaba con convertirse en una protesta permanente, con llamados a la desobediencia civil y la decisión de miles de dirigentes y simpatizantes de acampar en plena avenida Reforma, la más importante de la capital, se fue diluyendo con el tiempo.
La apuesta a restarle legitimidad a Calderón no dio resultado, antes que nada por el unánime reconocimiento de la comunidad internacional a su proclamación y, en segundo lugar, por la fatiga que una protesta de ese tipo produce en quienes la realizan. Nadie discute hoy el derecho de Calderón a ocupar el poder. Ni siquiera el inflamable Hugo Chávez.
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