El Gobierno uruguayo espera en los próximos días la llegada de una delegación de la OEA para que observe los cortes de puentes internacionales que realizan grupos de vecinos argentinos opuestos a la construcción de dos plantas de celulosa, anunció ayer el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano.
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El ministro dijo que Uruguay presentará un reclamo a la Organización Mundial del Comercio (OMC) debido a las pérdidas que le ocasionan al país los cortes de los puentes internacionales, y que cifró en unos 400 millones de dólares.
El canciller uruguayo comparó la actitud del Gobierno argentino que reprime a los trabajadores del servicio de subterráneo de Buenos Aires para garantizar la libre circulación de personas, pero permite que grupos de vecinos corten dos de los tres puentes internacionales sobre el río Uruguay.
"Debemos explicarle a la gente que los gobiernos deben tener una sola línea de conducta", afirmó Gargano.
"Si es ilícito desde el punto de vista legal argentino impedir la libre circulación de personas en Buenos Aires, también es ilícito bloquear los puentes e impedir el libre tránsito entre los dos países", afirmó.
Grupos de vecinos de la provincia argentina de Entre Ríos bloquean los puentes entre las ciudades argentinas de Gualeguaychú y Colón con las uruguayas Fray Bentos y Paysandú, respectivamente.
Los mismos puentes estuvieron bloqueados durante 45 y 30 días respectivamente a partir de enero pasado, lo que causó graves perjuicios a Uruguay en el turismo y el comercio.
Debido a que no avanzaron las negociaciones entre los gobiernos para destrabar el conflicto, grupos de vecinos volvieron a cortarlos puentes la pasada semana con los consiguientes daños a la economía uruguaya.
Uruguay solicitó el pasado 7 de abril que se convoque al Consejo Mercado Común del Mercosur, formado por los cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para analizar el contencioso, y decidió informar de la situación al Tribunal de Justicia de La Haya.
El enfrentamiento entre ambos países por la construcción de las plantas de celulosa de las empresas Ence (española) y Botnia (finlandesa) es el más grave en décadas y se extiende desde hace casi un año.
Las autoridades argentinas y grupos de vecinos de Entre Ríos se oponen a la construcción de las plantas con el argumento que contaminarán el medio ambiente de la región, lo que es negado por las uruguayas.
Las papeleras se construyen en el departamento de Río Negro, a orillas del Río Uruguay, límite natural entre ambos países y suponen la mayor inversión en la historia del país, con 1.800 millones de dólares.
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