Usan cambio para pedir contra juicio político

El dictamen de los camaristas sobre la situación procesal de tres ex funcionarios porteños en relación con el caso Cromañón (ver nota aparte) podría interferir sobre la decisión de los 15 legisladores que deben resolver la destitución o no del suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, acusado por la Legislatura de mal desempeño de sus funciones.

Al menos de ese modo lo entendían ayer algunos diputados y sobre todo el ibarrismo, que creen que el jefe de Gobierno usará los conceptos de los camaristas en su defensa, al momento de hacer su alegato. El argumento a favor de Ibarra estaría en que si sus funcionarios, hasta el nivel de subsecretaría, fueron desvinculados por la Justicia de tener relación directa con la muertes ocurridas el 30 de diciembre, menos le cabría responsabilidad al jefe de Gobierno. Sin embargo, otros se inclinan por comparar la figura de incumplimiento imputada a los funcionarios con la de mal desempeño que le atribuyen a Ibarra los legisladores.

El cambio por acusaciones más leves a ex funcionarios porteños, en el caso Cromañón, animó al jefe de Gabinete de la Capital Federal, Raúl Fernández, a pedir ayer que «se archive» el juicio político contra el jefe de Gobierno suspendido, Aníbal Ibarra.

Salió a responderle uno de los fiscales en el juicio político, el legislador Jorge Enríquez, quien sostuvo que «el enjuiciamiento es una valoración política institucional que hace que se configure la causal de mal desempeño y no tiene nada que ver con las responsabilidades penales y civiles que se dilucidan en sede penal».

Fernández sostuvo que «los legisladores deben tomar nota del contenido del fallo, que es contundente y que indica que no hubo responsabilidad de funcionarios del gobierno en las muertes que se produjeron en Cromañón».

Durante una conferencia de prensa, convocada tras la difusión del fallo, el funcionario puntualizóque de la medida surge que «los niveles de responsabilidad» sobre el contralor del local bailable Cromañón deben analizarse en los estamentos «inferiores al jefe de Gobierno».

Consideró entonces que «el juicio político debe ser archivado» ya que los camaristas «dan por tierra con la mayoría de las imputaciones» que se realizan en el proceso que sustancia la Legislatura.

Ibarra también rápidamente dio su opinión ante las radios, ayer. Consideró que la resolución de los magistrados «de alguna manera tiende a ordenar algunas cosas». Dijo: «No me beneficia ni deja de beneficiarme» la decisión judicial de revocar el procesamiento por homicidio culposo de tres ex funcionarios y que «da para analizar y no para el triunfalismo de nadie». Destacó entonces que «nadie se tiene que salir de este camino (de la Justicia) ni por conveniencia política, ni por oportunismo ni por ningún otro motivo».

• Juicio en enero

Por otra parte, se conoció ayer que el juez Julio Maier, titular del Tribunal Superior de Justicia y presidente de la Sala de Juicio Político, convocó a una reunión de ese grupo, para el próximo martes 27.

La reunión tendrá el propósito de resolver la recusación presentada por Ibarra contra el zamorista Gerardo Romagnoli por presunto prejuzgamiento, la que fue rechazada por el diputado. También Maier resolverá con los 15 legisladores de la Sala la admisión de las pruebas que presentaron los legisladores-fiscales y la defensa de Ibarra. El magistrado aceptará la mayoría de los testigos, unos 140, pero rechazará algunas solicitudes de documentación que considera engorrosas y que no serían significativas para el proceso.

Ayer, algunos diputados de la Sala Juzgadoraaseguraron que la primera audiencia se llevará a cabo a mediados de enero.