Sin demasiada convicción, los diputados de Juicio Político intentaron asegurarse ayer que hoy, a las 11.30, estarán en condiciones de recibir el descargo de Adolfo Vázquez, en el marco de la acusación por presunto mal desempeño contra el juez de la Corte en las causas Macri, Meller y Magariños -por las cuales se procesa a Eduardo Moliné O'Connor en el Senado-, más Dragonetti de Román. Parece difícil que pueda hacerse la audiencia.
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La frepasista Nilda Garré gestionó en Labor Parlamentaria que el tratamiento del Presupuesto 2004 no interfiriera en el trabajo de la comisión. «Si hay un cuarto intermedio a la madrugada, se podría retomar después del mediodía de ma-ñana (por hoy) para permitir la reunión de comisión», planteó Garré, vice de Juicio Político delante de Eduardo Cama-ño y los principales caciques parlamentarios. Camaño pareció molestarse por el pedido: «Yo les avisé a los señores diputados que dejaran libres los miércoles y jueves de noviembre porque la priori-dad era la aprobación del Presupuesto». Garré -que dijo no estar enterada de ese criterio-insistió en busca de una excepción, quizá por obra y gracias de la transversalidad. Habrá que ver.
De cualquier manera, los diputados son conscientes de que la prioridad es la sanción de los gastos del Estado para el año que viene. Y, por eso, estarán alertas por si hace falta modificar el cronograma de Vázquez y suspender sobre la hora la cita de esta mañana.
El ministro del máximo tribunal dejó trascender que asistirá a la comisión a entregar dos escritos, uno jurídico y otro político, en compañía de su abogado, el ex secretario Legal y Técnico, Virgilio Loiácono. Lo que no se pudo saber es si Vázquez, quien también concurrió al Congreso durante la fallida embestida contra los 9 ministros en 2002, hablará ante los legisladores o si sólo hará acto de presencia. En el texto técnico que terminó de preparar ayer Loiácono se reitera el argumento de que «los jueces no pueden ser sometidos a juicio político por el contenido de sus sentencias». En cuanto a los casos Macri y Meller, queda aclarado que en el primer caso intervino el tribunal de Casación y que en el segundo se siguieron los pasos legales que correspondían, y que, en todo caso, la responsabilidad de ordenar el pago de $ 400 millones en bonos (a partir de una deuda original de $ 29 millones), recientemente anulado por Néstor Kirchner, es del Ministerio de Economía y no de los magistrados de la Corte. Sobre la causa Magariños, también se reivindica la facultad disciplinaria de la Corte, concurrente con la potestad del Consejo de la Magistratura, posición que podría aplicarse a Dragonetti. En el compendio de índole política que llevará Vázquez a la dependencia que encabeza el peronista tucumano Ricardo Falú se dejará establecido que «se bastardea el sistema institucional» con un «juicio político que es una parodia». «Un juez no resuelve nada, si no hay 5 votos en la Corte», señala uno de los borradores del paper.
Asimismo, se hace allí un repaso del trámite de enjuiciamiento que soporta Moliné O'Connor que, a criterio de Loiácono, « demuestra una grosera ignorancia del Derecho».
La comisión, por las dudas, dispuso el operativo de seguridad correspondiente, así como la presencia de taquígrafos que registren los eventuales dichos de Vázquez ante los miembros de aquella dependencia parlamentaria. La idea de Falú y sus amigos es que la audiencia sea abierta y pública, es decir que pueda ser trasmitida en vivo por canales de noticias.
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