La complicada trama que llevó a otorgar el crédito a Vicentin

Política

Incompetencia o errores, llevaron a la gestión macrista en el Banco Nación, a situaciones como las de la empresa que dejó a la entidad financiera totalmente desprotegida para el cobro de una abultada acreencia que se venía renovando periódicamente.

En los dos meses de prudente gestión albertista, el Banco Nación Argentina (BNA) es noticia por las peripecias de la causa Vicentin, a partir de la difusión del lapidario informe “elaborado” por el sindicalista de ATE, Claudio Lozano, quien a tres días de incorporarse al directorio de la principal entidad financiera del país, dio a conocer los pormenores de la renegociación del crédito otorgado, daba a publicidad las objeciones del BCRA -protegidas por secreto bancario- y disparaba una denuncia del fiscal Gerardo Pollicita. Atrás quedaba la posibilidad de hacer un sumario y enviarlo a la oficina anticorrupción.

El exibarrista Eduardo Hecker, hombre de buenas maneras y amable liderazgo, debe conducir un heterogéneo directorio, en el que sólo pudo incorporar a su amigo Federico Suárez. El resto fueron compromisos con los gobernadores o apoyos políticos, como Matías Tombolini propuesto por Roberto Lavagna o el propio Lozano, de quién se desconoce padrinazgo.

La empresa Vicentin, posee un pobre gerenciamiento técnico a pesar de su tamaño y larga trayectoria empresarial y es considerada un activo tóxico para la banca argentina, por tal motivo solo obtiene financiamiento a través de sindicatos de entidades estatales. Posee una línea de crédito histórica otorgada por el BNA, ampliada en el año electoral, y si bien en su momento fue concedida dentro de los límites autorizados por las normas del BCRA que ordenan fraccionar el riesgo crediticio, la devaluación lo convirtió en una deuda peligrosa por el impacto en su cartera con menguadas finanzas después de las transferencias ordenadas por el exministro, Nicolán Dujovne.

En las últimas semanas subió el perfil mediático del caso Vicentín mediante declaraciones de Claudio Lozano con reuniones en la provincia de Santa Fe, acompañado por referentes del partido socialista y las respuestas de Javier González Fraga, que incluyeron gestiones oficiosas ante su ex compañero de fórmula Ricardo Alfonsín, Mercedes Marcó del Pont, Martín Lousteau, entre otros.

¿Cometió delitos González Fraga? Eventualmente lo deberá decidir la Justicia, pero su incompetencia lo llevó a incurrir en el error de no requerir la integración de las garantías hipotecarias cuando la empresa se comprometió a sustituirlas para evitar que la deuda se tornara exigible, de resultas que el concurso de acreedores solicitado por la firma, dejó al BNA, totalmente desprotegido para el cobro de su acreencia. Asimismo el crédito se concedió sin el dictamen del Comité comercial de la entidad, a sola firma de los gerentes Carlos Loturco, Martín González y el propio Fragatti junto a González Fraga.

Es muy probable que González Fraga sea recordado como uno de los peores presidentes que tuvo el BNA, más allá de la encendida defensa del diario La Nación, donde días pasados a través de un editorial se defendía la gestión alegando efectos no queridos de una gestión honrada y enfatizando el rol subsidiario de la banca pública, al mismo tiempo que le asignaban al funcionario un rol protagónico en la superación de la inflación antes de la sanción de la ley de convertibilidad cambiaria. González Fraga fue un mal administrador como lo demostró frente a la Salamandra o como profesor universitario que levanta las banderas de la corrección política como la inclusión social para abrir sucursales del Banco sin respaldo técnico, pasear por el mundo cual Yunus del subdesarrollo mientras dejaba la administración del banco en manos de su exyerno peronista, Agustín Pesce.

Este último con sus socios José Sánchez Sorondo y Agustín Loyé, con desconocimiento absoluto de la actividad financiera avanzaron sobre la reestructuración de los recursos humanos de la entidad y pretendieron tomar el control de la empresa vinculada de seguros del BNA.

El plan de retiro implementado llevó a la designación de un nuevo gerente general, Juan José Fragatti, casi desconocido empleado de la casa matriz vinculado a la comisión gremial, su primera medida fue la promoción a subgerente de su hermano Guillermo y realizar largos paseos por el mundo tratando de interiorizarse sobre banca digital, tan lejos del BNA como de una misión espacial.

También reviste importancia el área de legales, donde continúa al frente Carlos Loturco, secretario Legal y Técnico de Toto Caputo, o sea el Messi de las finanzas y padre del endeudamiento impagable, quien al dejar del Ministerio de Economía solicitó un lugar para su ladero en el BNA. Otro rol central lo cumple José Cáceres Monié que de ser síndico del banco por más de veinte años, en representación de la SIGEN, después de ingentes esfuerzos fue jubilado, para luego recalar por gestión de González Fraga como asesor legal estrella del BNA.

Poco importaron las incompatibilidades que posee, pasar de un organismo controlante a controlado con todas sus relaciones profesionales y su posición en la fundación FAPLA asesorando a entidades financieras en competencia. Así también haber sido el principal apoyo de Agustín Pesce en avanzar sobre el control de la gerencia de lavado de activos a cargo de Andrés Pratto, y, en coordinación con Mariano Federicci de la UIF, nombrar a Celeste Plee, hija del fiscal anti K, quien dejó de ser directora de investigación para liderar el área en el banco y elegir a su exjefe Juan Martheau como revisor externo. Mientras tanto Cáceres Monié de ladero de Fábrega y amigo de González Fraga pasó a la militancia contra él y mantenerse como asesor estrella de la camporista Cecilia Fernández Bugna.

En estos últimos días el BNA está ocupado en que la póliza de seguros que cubre los desaguisados que pueden cometer los directores de la entidad, no pague los altísimos honorarios de los abogados que deberán defenderlos ya que las empresas de seguros se niegan a cubrir esos riegos cuando media alguna acción dolosa. Ya han tenido un mal antecedente, cuando a raíz del reporte de operación sospechosa tardío realizado por Agustín Pesce, se debieron abonar abultadísimos honorarios al abogado Miguel Sarrabayrouse por un lado y a Cassagne-Gil Lavedra por el otro para defender al directorio y altos funcionarios por la extracción de un fondo por $11 millones realizado por las autoridades de la TUPAC en la sucursal de San Salvador de Jujuy en los primeros días diciembre de 2015. El tema había sido solucionado en la tercera reunión de directorio en marzo de 2016 por el expeditivo Carlos Melconian para terminar en una exigua multa de $14 mil hoy apelada por el BNA.

Tema aparte y objeto de otra investigación son las irregularidades y desaguisados con los fondos de la fundación. En especial se investiga el supuesto otorgamiento de $19 millones a Coco Oderigo y su organización Los Espartanos para construir las dos canchas en Jujuy y San Juan.

Esta historia tiene un final abierto pero es seguro que difícilmente Mauricio Macri hubiera logrado que Melconian, cuando estuvo a cargo del Nación antes que González Fraga, tomara estas decisiones.

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