«A los porteños les falta aportar varios litros de sangre para construir la Nación.» La frase del diputado kirchnerista Eduardo Galantini, pronunciada ayer sin pudor en el plenario de las comisiones de Asuntos Municipales y de Presupuesto y Hacienda, enfureció a los legisladores macristas durante el debate por la frustrada transferencia de las fuerzas de seguridad a la Capital Federal.
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La discusión por el traspaso de competencias en materia de justicia y seguridad a la Ciudad de Buenos Aires arrancó ayer por la mañana en la Cámara de Diputados, donde kirchneristas y macristas lograron, después de varias horas de negociaciones, acordar un dictamen único que anoche se encaminaba a ser aprobado en el recinto por amplia mayoría. Lo único que logró PRO fue la modificación del artículo 7 de la denominada «ley Cafiero», que prohibía que la Ciudad cuente con su propia fuerza de seguridad.
La nueva redacción del artículo séptimo de la Ley 24.588 establecerá ahora en su primera parte: «El gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior».
Hasta aquí, en nada cedió el gobierno nacional a los reclamos del electo jefe de Gobierno de la Capital Federal, quien hizo de la Policía porteña su principal estandarte de campaña. Apenas liberó el camino para una futura e incierta negociación. Pero el texto aprobado ayer contiene un segundo artículo: «Cláusula transitoria única. Definidas por el gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 6°». Esto significa que tras la derogación del cerrojo que el artículo 7° de la «ley Cafiero» imponía a la plena autonomía porteña, ahora el Gobierno porteño, es decir Macri, deberá negociar con el gobierno nacional, Néstor o su sucesión, un convenio para establecer cómo, cuándo y con qué fondos se realizan las correspondientes transferencias de competencias y, por ende, de la fuerza de seguridad.
Puesto en otros términos, el debate por la Policía porteña saldrá del Congreso. Ahora PRO deberá negociar cara a cara con el Poder Ejecutivo qué competencias son transferidas y eventualmente con qué recur-sos. Aunque el macrismo invoca el artículo 75 de la Constitución nacional para exigir que cualquier transferencia de servicios de la Nación a la Ciudad sea acompañada de sus correspondientes fondos -que en el caso de las 53 comisarías del área metropolitana ascendería a unos 900 millones de pesos-, en la Casa Rosada responden que no se pueden afectar los fondos coparticipables de las provincias para transferir esa suma a la Capital Federal.
«Peor es nada», respondió frustrado ayer el diputado macrista Cristian Ritondo cuando se lo consultó sobre la modificación a la «ley Cafiero» aprobada ayer en Diputados. «Con esto no se cumple la promesa del presidente Kirchner de resolver otras transferencias a la Ciudad en materia de puertos y justicia. Menos en relación con la Policía», se quejó la legisladora de PRO, Paula Bertol.
Debates
El debate copó ayer casi toda la jornada parlamentaria. Aunque la votación en el recinto se produjo anoche, por la mañana kirchneristas y macristas se trenzaron en las comisiones en un debate digno de la época de unitarios y federales. «Como la Capital Federal recién ahora empieza a experimentar lo que es ser una provincia, entiendo que esto genere discusión y ansiedad por saber cómo hay que manejarse», deslizó con ironía la kirchnerista Patricia Fadel (Mendoza). El pampeano del Frente para la Victoria, Heriberto Mediza, completó la puesta en escena del revival político de dos siglos atrás: «¡La Capital some-te los intereses de la Nación a sus propios intereses, ya lo decía (Juan Bautista) Alberdi en 'Las Bases'!». La cita bibliográfica fue interrumpida a los gritos por el diputado de la CTA Claudio Lozano, quien corrigió al kirchnerista y le aclaró que lo que decía Alberdi en su célebre obra era exactamente lo contrario.
Por la tarde, ya en la sesión, un Agustín Rossi más mesurado quiso aplacar el enojo macrista. «Se acordó modificar el artículo 7 de la ley para que la Ciudad pueda tener su propia Policía. Desatamos la mordaza que tenía esta ley», indicó el titular del bloque del Frente para la Victoria. Tras la aprobación de ayer a la modificación de la «ley Cafiero», ahora el tema pasará al Senado. Allí, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la primera dama y candidata kirchnerista a la jefatura de Estado, deberá dictaminar sobre el tema. Antes de que el mismo Macri golpee la puerta de su despacho en Casa Rosada para negociar los términos de una verdadera transferencia de competencias de la Nación a la Capital Federal.
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