La Argentina cumple acuerdo de Ottawa para destruir su arsenal

En unas semanas el Ejército y la Armada argentina habrán completado la destrucción de todo su arsenal de minas antipersonal, el cual llegó a contar con más de 92 mil unidades, pero ahora está a punto de ser eliminado en cumplimiento de la Convención de Ottawa, Canadá, suscripta por el país en 1997.

La actividad se enmarca en un proceso a nivel mundial que implicará la destrucción de unos 30 millones de minas en 45 países adheridos a la convención mencionada, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, e indica la necesidad de eliminar los artefactos existentes, ya sea en arsenales como en campos minados.

El plazo de la Argentina para cumplir con la destrucción de sus minas antipersonal es hasta el 1 de marzo de 2004. Al respecto, el 9 de junio de este año, el canciller Rafael Bielsa firmó en Santiago de Chile un acuerdo de cooperación y asistencia con la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificando la voluntad local de cumplir con lo convenido en Ottawa.

El Ejército argentino llegó a tener un total de 84.290 minas antipersonal, distribuidas en nueve puntos del país, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Santa Cruz y Chubut.

«La destrucción comenzó hace un año y medio, y ya abarcó a unas 35 mil minas. En las próximas tres semanas se completará el proceso en la Patagonia y no habrá más artefactos en poder del Ejército», explicó a Ambito Financiero el coronel Juan Martín Merediz, ingeniero encargado de demoliciones y destrucciones de explosivos del Ejército.

El costo de este operativo asciende a alrededor de u$s 65 millones, que son cubiertos por el gobierno de Canadá, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la Armada argentina la escala es mucho menor. Prevén terminar de destruir en el Arsenal Naval Puerto Belgrano, durante la tercera semana de este mes, unas 7.910 minas y 9.935 detonadores.

• Razones

Bajo el término de «desminado humanitario», la historia de la lucha contra las minas antipersonal se inició en 1990, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja y distintas organizaciones agrupadas en la ICBL (campaña internacional contra las minas terrestres) comenzaron a difundir los terribles efectos de estas armas. Luego llegó la Convención de Otawa, de la que la Argentina fue una de las primeras firmantes (son 136 los Estados adheridos), y a la cual el Congreso otorgó fuerza de ley con la promulgación de la Ley 25.112, el 8 de julio de 1999.

Una de las principales razones que movilizan el proceso de eliminación de las minas antipersonal es el peligro que éstas representan para la población civil, que se convierte en el principal blanco. Según las estadísticas, en alrededor de 85 países del mundo cada mes son unas dos mil las personas que mueren o son heridas a causa de residuos explosivos, es decir, una víctima cada 20 minutos, y la mayor parte de éstas es causada por minas antipersonal que quedaron enterradas tras algún conflicto bélico.

La avanzada es también guiada por preceptos económicos: «Una de las consignas que se toman en cuenta es que es más fácil y menos oneroso invertir fondos en la destrucción de las minas antipersonal que en la ayuda de las víctimas», indicó Merediz.

Fuentes de las Fuerzas Armadas consultadas por este diario aclaran que la Argentina no cuenta con ningún campo minado y que el actual proceso de destrucción abarca a aquellos artefactos explosivos que se encuentran almacenados en polvorines. De hecho, el único territorio local que aún conserva minas enterradas en su suelo es el de las islas Malvinas, ya que el gobierno británico se negó a un ofrecimiento argentino para quitarlas.

Aun así, la frontera argentino-chilena es un territorio de alta peligrosidad, en virtud de que aún existen campos minados en la cordillera, desde el jujeño Paso de Jama hasta Tierra del Fuego. Los explosivos -unos 500 mil-no son argentinos, sino que fueron colocados desde 1978 por los militares chilenos bajo la presidencia de Augusto Pinochet, y a pesar de que a mediados de 1999, los entonces presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei, de Chile, se habían comprometido al retiro de estas minas, por un costo de u$s 300 millones y en un plazo de 10 años, aún es alto el número de artefactos explosivos dispersos en la cordillera.