Más sondeos secretos por Malvinas

Tres días antes de que se diera a conocer la firma del entendimiento entre la Argentina y Gran Bretaña que permite unir ahora la Argentina continental con Malvinas por aire y mar, sin escalas, hubo un contacto militar británico para sondear la predisposición de la Armada frente al pedido de los isleños de combatir la depredación en el Atlántico Sur.

El brigadier de Ejército Geoff Sheldon, comandante de las tropas acantonadas en Malvinas fue reemplazado por el comodoro de la Real Fuerza Aérea, John Cliffe, a fines de enero. Antes de retornar a Gran Bretaña hizo una escala en Buenos Aires y a través del agregado militar de la embajada británica pidió una entre-vista con altas autoridades de la Armada Argentina.

El embajador Robin Christopher accedió a los contactos militares que solicitó el saliente comandante de Malvinas y así Sheldon completó una sutil misión diplomática el pasado 20 de febrero, tres días antes de que se conociera el arreglo con el Reino Unido.

Sheldon auscultó el humor de los marinos argentinos acerca de dos asuntos controvertidos en el Atlántico Sur: la creciente población de pesqueros asiáticos que capturan calamar en aguas fuera del control jurisdiccional de los países y las ejercitaciones conjuntas en el marco de la salvaguarda de vida hu-mana en el mar (conocidas en la jerga castrense por la sigla en inglés SAR, search and rescue).

En línea con esta temática, no pasó inadvertida a los mandos navales una carta de Richard Barr, agregado de prensa y asuntos públicos de la embajada británica, con felicitaciones por la misión de rescate del único tripulante de un velero norteamericano de la que participaron recientemente miembros de las dos marinas. Esas ejercitaciones conjuntas se iniciaron luego del acuerdo firmado entre Guido Di Tella y Robin Cook en Londres el 14 de julio de 1999 con vistas a un mayor desarrollo de la reconciliación y se interrumpieron cuando la embajadora Susana Ruiz Cerutti se hizo cargo de la nueva orientación de la política para el Atlántico Sur. Se esgrimió con arreglo a derecho que si se permitían maniobras entre buques británicos y argentinos, era conceder un status de país ribereño a Gran Bretaña (los buques y aeronaves británicos vienen de Malvinas) que debilita la posición del reclamo de soberanía de la Argentina.

El ministerio de López Murphy blandía las maniobras entre marinos como una demostración de confianza mutua. Y sus colaboradores aún se preguntan si tales operaciones no podrían guarecerse bajo el «paraguas de la soberanía», ingenio diplomático que sí operó en cambio para el entendimiento que firmó Giavarini y el embajador inglés la semana pasada.

El interés del brigadier Sheldon en la predisposición de los marinos argentinos para reprimir a los ilegales reveló que desde el gobierno central de Londres se sigue con preocupación la marcha de la actividad pesquera en alta mar. Es que para ellos sería una catástrofe si se agotara el recur-so pesquero, único sostén de la economía malvinense. Volverían los subsidios y ayudas presupuestarias para 2.000 isleños con cargo al bolsillo de los contribuyentes de Gran Bretaña. La lucha contra los pesqueros furtivos o ilegales no figura entre las misiones de la Royal Navy (armada británica) por eso los isleños patrullan sus caladeros con naves que pertenecen a una empresa privada: Byron Marine. El Ministerio de Defensa británico asigna un buque de guerra de estación en Malvinas para garantizar la seguridad de las islas.

El gobierno argentino aprovechó la mi-siva firmada por el consejero malvinense Richard Cockwell, que había reclamado esfuerzos compartidos para conservar el recurso ictícola, sólo como herramienta funcional a su política de ignorar al tercero en discordia: los kelpers.

Por eso la secretaria de Relaciones Exteriores, Susana Ruiz Cerutti, dijo a la prensa que no tenía nada qué responder a la carta de los isleños y no habría tenido información diplomática sobre los movimientos sigilosos efectuados por el ex-coman-dante de la guarnición Malvinas en Buenos Aires. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Antonio Berhongaray, otro aludido en la guerra del calamar, lanzó dardos filosos contra el Palacio San Martín.

«Si no existen normas internacionales que impongan medidas de conservación y control para flotas que capturan en alta mar (más allá de las 200 millas) no podemos manejar el recurso», observaron fuentes de Pesca y recordaron que Su-sana Ruiz Cerutti fue embajadora en Canadá durante dos años y reunió abundante información acerca del manejo que hizo Canadá para aplicar medidas de conservación unilaterales por un conflicto con flotas pesqueras de España que casi llegó a las armas.