Se cierne en estos días sobre nuestro país la amenaza de una inminente discontinuidad en la defensa de nuestra soberanía jurídica. Por ello, es necesario considerar los antecedentes mundiales que revelan la vocación de otros países por salir de situaciones análogas a la nuestra a través de vías institucionales de excepción que les posibilitaron la reconstrucción de su unidad nacional.
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En el año 1977, a través de la Ley 46/77 del 15/10, el gobierno español concedió una «amnistía plena y general» para todos los delitos de intencionalidad política, cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Más aún, en los fundamentos de la norma se señalaba que su finalidad era culminar «el proceso de medidas de gracia y olvido encaminadas a promover la pacificación de los espíritus, la reconciliación y la concordia nacional». Esta decisión trascendente abrió la vía a la firma de los Pactos de la Moncloa suscriptos diez días después.
• Francia
Al finalizar la guerra de descolonización en Argelia, Francia, basándose en razones de índole política, ligadas al valor supremo de la unidad nacional, consideró necesario amnistiar a todos los militares en servicio en el territorio francés de ultramar por los delitos cometidos allí. La Ley 68-697, dictada el 31 de julio de 1968, establecía además que todos los amnistiados podrían reintegrarse a la Orden de la Legión de Honor y la de la Liberación y volver a portar medallas y condecoraciones.
En años más recientes, y en referencia a la necesidad de poner fin a la violencia política, José María Aznar, manifestó que el Estado «sabrá ser generoso y adoptar medidas que nos sirvan para mirar hacia el futuro y procurar que se superen cuestiones tan dolorosas del pasado».
El ex presidente español Felipe González, afirmó en abril de 2001, en referencia a la ley de amnistía española: «Nosotros decidimos no hablar del pasado. Si lo tuviera que repetir, lo volvería a hacer. Lo que equivale a decir que me parece satisfactorio, en términos históricos, el saldo de nuestro modelo de transición para la convivencia en libertad de los españoles», González expresó también en aquella ocasión su «respeto por lo que han hecho países hermanos», y se confesó «atenazado por la vergüenza de haber visto a algunos españoles dando lecciones de democracia a estos países», en referencia a la pretensión de magistrados españoles de enjuiciar nuestro pasado histórico.
En Chile está vigente aún la ley de amnistía dictada en abril de 1978 por el gobierno militar. Y cuando la administración británica quiso arrogarse el derecho de juzgar a Augusto Pinochet, el hoy presidente socialista de Chile, Ricardo Lagos, sumó su voz a quienes defendieron sin concesiones la soberanía jurídica de su Nación, afirmando que «hoy el país quiere mirar hacia adelante» (octubre de 1998).
• Derechos
Como vemos, no se trata de defender individuos sino derechos.
En abril de 1989, Uruguay ratificó por vía de referéndum la ley de amnistía a militares dictada por el Parlamento en 1987.
El recientemente electo gobierno de coalición liberal socialista de Bélgica ha decidido reformar una ley de 1999 por la cual se autoatribuía «competencia universal» para juzgar los crímenes enumerados en las Convenciones de Ginebra. El motivo de esta decisión fue la enérgica protesta del gobierno de Estados Unidos que le hizo saber a su par belga que no permitirá que ese país juzgue a sus ciudadanos.
A la Argentina le asiste el mismo derecho que a España, Francia, EE.UU. o a cualquier otro país de anteponer el interés nacional cerrando heridas del pasado -por más doloroso que éste sea-para afirmar su unidad y su paz social.
(*)Vicepresidente de la Internacional que preside José María Aznar
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