Con el argumento de sus necesidades particulares, distintos grupos han encontrado una ocupación suficientemente rentable: piquetear las rutas, calles, puentes y demás vías publicas. Las bases del negocio son claras. Con una inversión pequeña se impide el tránsito normal, imponiendo trabas a los que pretenden utilizar esas sendas públicas. Para conseguir el retiro del piquete, los gobiernos les pagan, en planes Trabajar u otros medios. En definitiva, un ingreso para unos pocos, con cargo al Estado. Las sociedades avanzadas se caracterizan por no permitir que personas oportunistas medren imponiendo costos a inocentes ciudadanos. Los piqueteros se aprovechan de la palmaria falta de organización y de eficacia del Estado, que premia a quienes se apoderan de la propiedad pública e impiden su utilización al resto de la sociedad. Pagar a quienes se apoderan de la propiedad ajena, en lugar de sancionarlos e impedir su actividad, es incentivar la proliferación de estas asociaciones ilícitas. Esta anomalía se agrava por la necesaria intervención de funcionarios que, en esta forma, malversan fondos públicos, alentando la delincuencia de los dirigentes piqueteros. El sustento de las sociedades organizadas es el respeto a la propiedad. Que significa que cada uno es responsable de sus actos. Cosecha lo sembrado y paga lo que contrata y lo que daña. Estos piqueteros publicitan y hacen alarde de invadir la propiedad pública y acaparársela para su propio provecho. Con lo cual incitan a que otros les sigan el ejemplo, diseminando el mal por todo el territorio nacional. Pobreza existe en muchos lugares. Pero, hasta ahora, los estados vecinos no son más ricos que la Argentina. Y los piqueteros sólo cortan rutas aquí. Donde los funcionarios del Estado no cumplen con sus responsabilidades. Los estados fueron constituidos, precisamente, para sostener la propiedad y demás derechos. Cuando los gobernantes incentivan a los que delinquen, en lugar de imponer la ley, la sociedad se diluye y sus cimientos se socavan.
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Carencias
En estos momentos, principales arterias de la Nación están obstruidas, incumpliéndose el mandato constitucional de que en la República Argentina no existen aduanas interiores. Esta anómala situación, que compromete la competitividad y el riesgo-país, confirma que nuestras carencias son institucionales más que financieras. Como menciono en mi libro «Dolarizar: El Fin de las Monedas Nacionales», la diferencia entre las naciones ricas y pobres radica en su calidad institucional. En los países riesgosos, que tienen instituciones ineficaces, las rutas están mal mantenidas y ocupadas por distintos transeúntes que impiden el tráfico.
Por eso recomiendo que, en lugar de caminos, se construyan juzgados. Nuestro declive confirma dónde están nuestros males y los piqueteros constituyen una muestra clarísima. Mientras tanto, la Justicia no impide el delito ni el avasallamiento de derechos. El Poder Legislativo gasta y mantiene a funcionarios como para reformar todas las leyes desde cero pero su contribución se limita a rubricar las iniciativas del Ejecutivo. Los partidos políticos no tienen ofertas de interés para el electorado. Propongo que el próximo préstamo que se pida al Banco Mundial o al BID, para el sector infraestructura, sea para atender los pagos a piqueteros. En lugar de para construir caminos para impedir que, por nuestra incapacidad, se obstruyan. Mientras tanto, solicito que los jueces intervengan para impedir esta asociación entre funcionarios del Estado y los delincuentes que obstruyen hasta cobrar de aquéllos. El peligro es que, habiendo descubierto un negocio, estos focos se extiendan por toda la República paralizándola. Y, peor aún, que sigamos sin darnos cuenta.
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