El éxito obtenido por el gobernador De la Sota en Córdoba con la reforma de la política, no sólo por el triunfo de su propuesta en el plebiscito sino por haber logrado en pocos días que el Senado provincial -en el cual no tiene mayoría-aceptara su autodisolución, para transformar la Legislatura en unicameral y reducir los legisladores a la mitad, ha precipitado un fenómeno más amplio en el resto del país.
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Desde el Ministerio del Interior se impulsa un acuerdo con las provincias para que todas las legislaturas sean inicamerales -en 9 de los 24 distritos lo son-para reducir la cantidad de comicios distritales y de concejales, eliminar las listas sábana y las leyes de lemas y reformar los poderes judiciales.
En Catamarca --pro-vincia gobernada por la UCR-el gobierno provincial propone reducir el número de diputados de 41 a 21, pero sin modificar la Cámara de Senadores, que tiene 16 legisladores. También propone eliminar los concejos deliberantes en las comunas con menos de 5.000 habitantes. Para ello, se ha convocado a una consul-ta no vinculante sobre la necesidad y oportunidad de reformar parcialmente la Constitución provincial en sus artículos 72 y 133. La misma tendrá lugar el 14 de octubre, junto con las elecciones nacionales.
Reducción
En Salta -que está administrada por el PJ-se propone reducir el número de intendentes y concejales. Hay 58 intendentes en la provincia y los concejos deliberantes tienen entre 3 y 19 concejales.
En el caso de Mendoza -provincia que está gobernada por la Alianza-se propone disminuir la cantidad de diputados de 49 a 19, siendo la Legislatura unicameral. Se busca también un acuerdo para que los concejales de todas las comunas realicen sus funciones ad honorem. El gobierno provincial ya obtuvo el aval de los intendentes para reducir a la mitad los concejales, lo que significa eliminar 69.
En la localidad de Cipolletti (Río Negro), comenzó a funcionar a fines de julio una comisión que reformulará el Concejo Deliberante, lo que implica reducir los 12 concejales a 6. La medida fue adoptada como consecuencia de una consulta popular que contó con el aval del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia que los concejales intentaron infructuosamente frenar con un referéndum.
En el municipio de Pilar (provincia de Buenos Aires), el intendente convocó una consulta popular no vinculante tendiente a bajar el costo de la política. Propone reducir de 20 a 10 los concejales; eliminar la lista sábana; elección individual de los miembros del Concejo Del i b e rante; elección directa de delegados municipales; establecer en 3.000 pesos el tope salarial de los funcionarios políticos y administrativos; definir que la masa salarial en los gastos del municipio no pueda superar 40% del presupuesto anual; poner un límite de 45 días para las campañas electorales; fijar un máximo de 20.000 pesos para el costo mensual de las campañas, y establecer la obligación de informar los aportes recibidos y los gastos erogados en la campaña, así como la rendición de cuentas en los medios de difusión.
A ello se agrega que varias provincias y municipios han puesto en marcha medidas para disminuir los salarios y los fondos destinados a los cuerpos legislativos y concejos deliberantes. Pero algunas de estas reducciones encubren sólo gestos. Es lo que sucede con la decisión de la Legislatura de Formosa de reducir en 50% las dietas, la que, al no incluir las partidas destinadas a gastos de representación, combustibles, asesores y personal temporario, implica en los hechos disminuir sólo 2% del presupuesto total del cuerpo.
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