En Argentina hace más de tres décadas que un cuarto de la población vive en situación de pobreza. Según las últimas mediciones, una de cada tres personas que vive en el país no llega a tener ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades básicas mes a mes. Con la inflación creciente, es esperable que sean cada vez más las personas en esta situación.
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La pobreza está íntimamente relacionada con los cambios que sufrió el mercado laboral. Hoy en Argentina tener trabajo significa no tener hambre (es decir, no ser indigente). Pero hace ya varias décadas que tener trabajo no significa más no enfrentar otros riesgos, como no poder comprar mucho más que comida, no tener acceso a servicios básicos como la salud o bienes básicos como una vivienda digna (es decir, estar bajo la línea de pobreza). En nuestro país, una parte de las personas que trabajan viven en una situación de pobreza. Y, puesto al revés, la mayoría de las personas en situación de pobreza trabajan (¡y algunos/as muchas más horas que el resto de la población!). Generalmente, los varones lo hacen en trabajos informales y precarios, y las mujeres, en trabajos no remunerados en los hogares o barrios (tareas domésticas, comunitarias o de cuidados).
Cuando se explica esta situación se suele hablar de las “fallas estructurales” que tiene el mercado de trabajo. Pero eso implica que hay una estructura laboral (el pleno empleo formal) que permite la protección de todas y todos los trabajadores. Todos los datos que existen para Argentina muestran que ese no fue nunca el caso ni lo va a ser en el futuro. Quizá sea hora de que dejemos de hablar de fallas y empecemos a hablar de cambios.
Y es un tema importante del que debemos hablar por muchas razones. Una de ellas es porque la forma en la que protegemos a las personas que integran nuestra sociedad (el sistema de protección social) fue diseñado en función de la participación laboral. Con estos cambios en el mercado de trabajo, buena parte de la población quedó desprotegida, excluida. Tenemos que resolver cómo proteger a todas las personas que viven en nuestro país, considerando (una obviedad): el trabajo formal hoy es un lujo y quienes no acceden lo hacen por motivos estructurales y no por voluntad propia.
Para esto, las discusiones recientes son una excelente oportunidad. En las últimas semanas se estuvo usando el término “salario mínimo universal” para hacer referencia a algo que no es un salario (que implica dinero que paga un/a empleador/a a la persona que realiza un trabajo) ni es universal (para todas las personas). También se habló mucho sobre el “ingreso básico universal”, una trasferencia que se le da a todas las personas que viven o son ciudadanas de un territorio, sin ninguna condición. En realidad, lo que está en discusión es una transferencia mínima focalizada que busca llegar a un resultado loable: garantizar un piso de ingresos para quienes no tiene un empleo formal.
La confusión terminológica hace que no tengamos un debate claro ni constructivo. Eso no quita que la discusión en sí sea extremadamente valiosa. Pero tenemos que encuadrarla mejor para que podamos hacer las preguntas que nos permitan llegar a respuestas que puedan efectivamente resolver el problema en cuestión.
¿Estamos de acuerdo en que necesitamos resolver el problema de la pobreza? ¿Coincidimos en que tenemos que encontrar nuevos mecanismos de protección? ¿Estamos en condiciones de admitir que el pleno empleo formal es un objetivo, pero la probabilidad de alcanzarlo en el corto o mediano plazo es muy baja? ¿Quién se anima a argumentar que hay algo más prioritario que esto?
Si logramos llegar a acuerdos básicos en las respuestas a estas preguntas de primer orden, vamos a encontrarnos con un conjunto de preguntas más operativas, pero también muy importantes, como ¿en qué estamos invirtiendo nuestros recursos públicos que no sea en este imperativo? O, ¿podemos encontrar una forma de mejorar la protección social sin generar aún más desequilibrios macroeconómicos? ¿Cómo podemos ir construyendo un mercado laboral que, aunque no resuelva completamente el problema de la informalidad, avance en reducirla (¡cómo lo lograron países vecinos!)? ¿Cómo podemos garantizar la inclusión de las personas que quedan fuera en el mientras tanto? ¿Cómo se coordinan este tipo de políticas nuevas con las ya existentes?
Para llegar a soluciones estables y efectivas para el gran problema de la pobreza, solo podemos arrancar si nos hacemos las preguntas correctas, con términos claros y, especialmente, sin chicanas políticas (de ningún lado). ¿Podemos estar a la altura de la responsabilidad que implica este gran problema?
*Directora ejecutiva de CIPPEC
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