“Rosca” judicial, al tope de agenda improbable para el Congreso

Más allá de juicio político a la Corte y reforma de Consejo -adelantada por Ámbito-, el Gobierno revive la ampliación de máximo tribunal y pliego de Rafecas. Además, asuntos penitenciarios, violencia y lavado.

Palacio de Tribunales.

Poco camuflada entre los demás proyectos convocados por el Gobierno para ser tratados en sesiones extraordinarias del Congreso, la agenda judicial sobresale. Al temario ya adelantado que tiene como protagonista el pedido de juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema, se le agregaron otros temas que habían quedado soslayados en los anteriores tres años de gobierno lo que, a su vez, hace poco promisorio su trámite. Usualmente, se los agrega para negociar con la oposición respecto a alguna otra materia, pero en este estado de beligerancia donde los puentes de diálogo parecen rotos, el panorama es de improbable concreción. En esa secuencia fue incluida la reforma a la ley que regula el Consejo de la Magistratura, un adelanto exclusivo de Ámbito del 4 de enero pasado. Pese al impacto negativo que generó la confirmación del ministro de Justicia Martín Soria de que el Ejecutivo podría implementarla va DNU, la opción sigue merodeando despachos oficiales y se la considera una forma de forzar un desbloqueo a un proyecto empantanado.

Pero fuera de las obviedades del tema juicio político, otro de los proyectos enlistados es el de ampliación de la Corte Suprema, una iniciativa que había comenzado con el número de 25 y terminó podado a 15 tras su sanción en el Senado. Hasta ahí llegó sin chances de avance en Diputados. Así queda emparentado el pedido para destituir a los actuales jueces y a la vez sumar 11 plazas más. El avance en comisión del juicio político parece un hecho. Respecto de la ampliación y más allá de lo que los gobernadores podrían tener como incentivo para los nombramientos, si ya es complicada su aprobación por mayoría simple, las designaciones que deben seguir los requisitos del Decreto 222 y precisan mayorías agravadas del Senado son directamente inviables.

En ese paquete puede asimilarse la curiosa inclusión del pedido de acuerdo para el candidato a Procurador General. Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas a los pocos meses de iniciada su gestión. Fue la comisión de Acuerdos la que congeló el tratamiento más allá de que no quedaban claros los números para el oficialismo. Esa estratégica comisión estaba controlada por el kirchnerismo, y fue, quizás, el primer indicio de chispazos entre el sector que responde a Cristina de Kirchner y la administración Fernández. El efecto de no haber podido designar un jefe de fiscales (también con mayoría agravada) es la prolongación para el récord del interinato de Eduardo Casal que está al frente de la Procuración desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, hace ya más de cinco años. De todas formas, no se dio curso al primer tramo del proceso respecto de Rafecas que es convocarlo a defender su pliego ni tratar las eventuales impugnaciones para dictaminar y llevar al Senado su nombramiento. Como no se modificó la ley de ministerio público fiscal –lo que hubiese llevado al actual juez a declinar su postulación según sus propias declaraciones- se descongela la propuesta que, en términos públicos, hasta había recibido el respaldo de la Coalición Cívica.

Hay otros proyectos de la agenda judicial menos explícitos. Uno de ellos es la ley tendiente a modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N°24.660 y sus modificatorias. Originado en 2021, el proyecto hace foco en el tema disciplinario para adaptarlo a estándares internacionales, a raíz de una sentencia adversa para el país, en un marco normativo que tiene una antigüedad que data de 1996. En particular se propone crear una comisión que debe hacer observar “el procedimiento de comprobación de las infracciones y la determinación de sus correspondientes sanciones deberá observar estrictamente los principios de lesividad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. El sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad. En este sentido, se promueve el abordaje técnico e interdisciplinario de los problemas de convivencia, procurándose optar por la adopción de medidas que permitan la continuidad del alojamiento de las personas en el régimen común”. Ese es el principal fundamento de la reforma.

También se encuentra en el anexo de propuestas convocadas el “Abordaje de violencia institucional y seguridad penitenciarias”. El objeto de esta norma “tiene como objeto generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional cometidos por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”. Establece un régimen de recepción de denuncias tipificando quiénes pueden ser los actores de los abusos y quiénes las víctimas de los mismos. Fijar Centros de Recepción de Denuncias con personal civil, así como crear un Observatorio Nacional de Violencia Institucional. A su vez, contempla reparación y protección para las víctimas.

También en sintonía judicial, y entre los 28 proyectos de los que consta la convocatoria está la modificación a la Ley de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Bajo la pomposa denominación es una reforma a la Ley N°25.246 y sus modificatorias. Es un proyecto relacionado con los preceptos del GAFI en el que el oficialismo destacó la participación mancomunada en las colaboraciones del Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema, Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, BCRA, CNV entre otros. Casi una postal difícil de encontrar en este estado de ruptura de las relaciones entre los poderes. En sí propone cambios en el Código Penal como por ejemplo agregar en el inciso 1) del artículo 303, que regula el delito de lavado de activos, el verbo típico “adquirir”, con el fin de contemplar todas las acciones posibles de este tipo penal y en el inciso 3) el verbo “poseer”, contemplándose, además, en ambos incisos, la referencia a “otros activos” para que alcance, entre otros, a los activos virtuales.

Hay un apartado en la lista para aprobar otros pedido de acuerdos lo que podría incluir a la tanda de jueces que ya habían sido remitidas al Senado y que no habían sido aprobados en septiembre, cuando ya se había cumplido un año sin que se cubrieran vacantes en la justicia nacional o federal.

Todo este combo descripto hasta acá puede quedar en letra muerta si se ratifica que no habrá acuerdo entre oficialistas y opositores mientras se sostenga el intento de acusación del Gobierno hacia la Corte Suprema. Ninguno del resto de los proyectos puede alcanzar a conmover, siquiera para dar la discusión en el recinto, paso previo a cualquier avance. Así las chances para aprobar en el mes previsto de actividad extraordinaria son magras en este estado de situación. El destino de los proyectos enlistados es menos promisorio si se lo compara con lo sancionado el año pasado para el mismo período estival. El resultado fue cero. Lo cierto es que sacando la espuma, la agenda judicial sigue siendo desequilibrante para las prioridades oficiales.