Dos misiones a dos tiempos: los desafíos de Alberto Fernández para 2020

Renegociar la deuda antes de abril y, luego, poner al país en crecimiento mientras se convence a la propia tropa de lo difícil del momento: las complicadas metas urgentes del nuevo Gobierno.

10 de diciembre. Ese día asumió la presidencia Alberto Fernández de manos de Mauricio Macri. No hubo mucho tiempo para festejos. 

El año 2020 se dividirá en dos metas. Y el éxito de una dependerá de la buenaventura del otro. Y, probablemente, la suerte económica de toda la gestión de Alberto Fernández está relacionada en que ambas se consigan. Si la gestión que comenzó el 10 de diciembre no logra éxitos en los dos terrenos, probablemente Alberto Fernández tenga muy serios problemas para poder enderezar la economía argentina. Por el contrario, si consigue que los dos objetivos cruzados se aprueben, seguramente podrá mostrar al finalizar el año que sus primeros 12 meses de gestión son exitosos. El primer capítulo es el proceso de reestructuración de la deuda externa argentina, tanto con los privados como con el FMI, negociación que obligatoriamente tendrá que estar cerrada antes de mayo de 2020. El segundo es llegar a acordar un nuevo contrato social con los principales actores de la economía real argentina, para que le den luego tiempo a su gestión para aplicar reformas obligatorias. En el medio, y para que las dos metas se consigan, tendrá una misión superadora: que la propia tropa, especialmente el kirchnerismo, se convenza de que lo que se viene será duro. Durísimo. Y que las posibilidades de expansión de la economía deberán esperar hasta lograr ambos objetivos.

La primera e inmediata misión será lograr que antes de mayo las negociaciones con todos los acreedores externos del país estén cerradas. Y que, mientras tanto, todos los vencimientos de deuda se cumplan evitando el default hasta el quinto mes de 2020.

Según las sumas y restas del oficialismo, las existencias como reservas disponibles, las compras de dólares que está ejecutando el Banco Central desde la aplicación del cepo hard, más unos u$s1.000 millones que aún quedan del desembolso anterior del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzarían para cumplir con todos los compromisos existentes hasta marzo. Consideran en el albertismo que si se cumple con los vencimientos en tiempo y forma, sería una carta de presentación más seria en el momento de renegociar la deuda, descartando así un escenario similar al de 2005, cuando el país estaba en default y había que reconstruir la confianza en la capacidad de pago de la Argentina. Según los números analizados, el BCRA que maneja Miguel Pesce completaría un promedio de compras de dólares de u$s2.000 millones mensuales; un ritmo que (sumando los u$s14.500 millones heredados de la gestión de Guido Sandleris) permitiría cumplir con los compromisos acumulados hasta abril. Hasta marzo habrá que pagar unos u$s7.651 millones, y confían en el Gobierno que los dólares estarán disponibles. La aceleración comenzará en abril y se profundiza en mayo. Según el cronograma oficial, en el cuarto mes de 2020 vencen unos u$s2.890 millones, con lo que de demorarse el acuerdo con los acreedores, aún habría dinero disponible en las reservas para cumplir con los pagos comprometidos. El inconveniente es que para esa época se habrían utilizado casi el 75% de las reservas, y el dinero disponible en el BCRA habrá ingresado en zona roja. Igualmente el problema serio comienza en mayo. En ese mes se acumulan vencimientos por u$s5.610 millones, una cifra impagable. Más si se tiene en cuenta que el cronograma de los primeros cinco meses de 2020 alcanza los u$s16.151 millones, un número imposible de afrontar con el nivel actual de reservas. Mucho menos sin el auxilio del FMI, al que voluntariamente el Gobierno ya renunció. Ante este aterrador panorama, Martín Guzmán tiene la obligación, si quiere evitar el default, de cerrar un acuerdo con los acreedores antes de abril. Para esto debe encarar una negociación fast track con los acreedores. Esto es, abrir inmediatamente las negociaciones en la última quincena de diciembre, trabajar a destajo tanto con los privados como con el organismo financiero internacional, y para abril de 2020 tener todos los contratos firmados. La intención del oficialismo ante la oferta a los acreedores es la misma de siempre: cuatro años de plazo sin pagos, pero sin quita, acelerando las negociaciones con los privados para luego presionar al FMI para que avale lo firmado con los principales acreedores financieros. En el caso del organismo financiero internacional, y tal como aseguró este diario, no hay problemas en que continúe firme el apoyo político directo del Gobierno de Donald Trump. “Todo bien con Trump”, señaló a este diario una alta fuente del “albertismo”, asegurando que, según la visión del próximo presidente, los ruidos provocados por la situación en Bolivia no generaron alteraciones en la estrategia para el tratamiento futuro de la deuda externa del país y, especialmente, en el apoyo que Trump prometió ante el FMI.

Guzmán será juzgado sólo por esta meta. Llegar en tiempo y forma, y de la manera más entera posible para el país, con las negociaciones con los acreedores cerradas y presentadas en los principales mercados mundiales; y con una estructura macroeconómica además creíble para los operadores. Esto es, que realmente pueda convencer el mundo financiero internacional de la buena fe de los compromisos que se firmen y de las reales posibilidades de pago que demuestre la Argentina. Para esto, Guzmán deberá trabajar con números creíbles que le deberá aportar su colega de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y que incluya una severa mejora del déficit fiscal primario hacia fin de año, la certeza que habrá equilibrio en 2021 y la esperanza que los números serán azules en 2022 y 2023. “El déficit no va conmigo”, arengó a su propia tropa Alberto Fernández días antes de asumir la presidencia de manos de Mauricio Macri, al armar su equipo económica. Sólo aclaró que en este caso, y a diferencia del fallido “déficit cero” de Nicolás Dujovne, se deberá lograr a partir de una expansión económica y una redistribución de ingresos en lugar de un ajuste monetario clásico y ortodoxo.

El éxito de esta fórmula también será una de las claves de la aventura de la gestión de Alberto Fernández. Sabe el flamante jefe de Estado que deberá dar un mensaje contundente a la propia tropa: no hay tiempo para los festejos. Se deberán preparar para aceptar muchas medidas impopulares para estabilizar la economía. O, al menos, lejanas al expansionismo económico, fiscal y financiero que, especialmente el sector más kirchnerista y duro de sus votantes, hubieran esperado. El temor de muchos albertistas, especialmente de varios de los que desde ayer tienen responsabilidades importantes en los diferentes ministerios y el poder legislativo, es que desde el kirchnerismo puro y duro se presione por medidas de amplio espectro populista, de las que, en estas épocas, no tienen posibilidades reales de financiamiento ni acompañamiento político. Y que, por el contrario, donde se deberá comenzar a trabajar de manera rápida y concisa es en lograr una reconciliación lo más rápida y profunda con el sistema financiero como paso previo para un restablecimiento de las relaciones con los acreedores privados y los organismos financieros internacionales.

Sabe el albertismo que si no se logra rápidamente una estabilización de las variables macroeconómicas financieras será imposible pensar en un Gobierno con paz cambiaria y una sólida tendencia a la baja de la inflación y, en consecuencia, reducción de la pobreza. El Presidente está convencido de esto. Y así se lo hizo saber a los muchos referentes de los mercados de capitales local y extranjero con los que habló antes de asumir, que con un mercado de capitales con operadores en fuga será imposible conseguir lo fundamental para el éxito de cualquier programa económico: que haya confianza en que el futuro será mejor que el presente y el pasado. Sin este factor, no habrá posibilidades de conseguir que el país salga, por primera vez en 10 años, de su estancamiento económico. Se comprende, con mayor o menor lamento, que sin un tipo de cambio estable, sostenimiento del superávit comercial, buena relación con el sector agropecuario exportador y la búsqueda siempre esquiva del equilibrio fiscal, no habrá posibilidades de estabilización macro y, en consecuencia, posibilidades próximas de recuperación sólida de la economía.