Sigue la controversia por el dragado de la hidrovía

«En caso de que la autoridad no encuentre una salida, veremos qué recursos legales tenemos», advirtió el presidente del Centro de Navegación, Patricio Campbell.

Este problema tiene dos aristas fundamentales, ambas razonables. La primera es la realidad que supera el ideal y los deseos: el Estado está quebrado y no tiene acceso al crédito internacional por lo cual se impone la necesidad de un recorte de gastos para alcanzar el equilibrio fiscal. La segunda es la posición de los operadores fluviales y marítimos privados, y los exportadores e importadores a quienes esta medida afecta sobremanera: de no ser aportado este dinero, el incremento en la tarifa de peaje sería de 92,5%, lo que dejaría fuera de competencia a una amplia gama de productos regionales que son acarreados desde los puertos del Paraná.

Ahora bien, ¿cómo se resuelve este conflicto? Esto nadie lo sabe.
A fin de hacer conocer su posición al respecto, el Centro de Navegación, la Cámara Naviera y la Cámara de Exportadores, entre otras entidades, brindaron la semana pasada una conferencia de prensa para explicar su situación y enviaron una carta al presidente de la Nación.

Consecuencias graves

«Esto está en discrepancia con el discurso de que el comercio exterior era uno de los pilares de la economía y con los planes de competitividad. Fue un mazazo sin previo aviso. Esto acarrea consecuencias muy grandes porque involucra a los costos privados. La carga argentina está pasando por un momento muy sensible. La Argentina no es un formador de precios, se lucha día a día en los commodities y cada centavo influye muchísimo», se lamentó el presidente del Centro de Navegación, Patricio Campbell, con su habitual dote de orador.

Durante su discurso, Campbell virtió duros conceptos sobre la posición que tomará el Centro de persistir esta situación. «Nosotros manifestamos que bajo ningún concepto aceptaríamos modificaciones a las tarifas existentes porque consideramos el daño al país. Las consecuencias de un aumento de tarifas perjudica a las cargas. Los barcos podríamos tomar una posición muy facilista y decir que trasladamos los nuevos costos. Pero el tema es más delicado. Creemos que se van a perder barcos. De modo que nosotros somos muy críticos y vamos a ir a fondo. En caso de que la autoridad no encuentre una salida, veremos qué recursos legales tenemos», advirtió intransigente.

Asimismo, aseguró que el conflicto excede únicamente el tema de los costos: «Muchos operadores pensaban incorporar a esta ruta barcos de 20 o 22 mil toneladas de registro neto y las autoridades hicieron los cálculos sobre lo que es hoy. Cuando informamos sobre esta nueva situación obtuvimos otra respuesta: los costos ya no convienen», agregó.

Siguen las firmas

Como bien se mencionó, el Centro de Navegación no está solo en esta puja de intereses. El reclamo de Campbell fue acompañado por el presidente de la Cámara Naviera, Jorge Alvarez, quien señaló que frente a la nueva política de déficit cero, «los funcionarios están atados a una situación económica del país muy limitada para su accionar. Se le debe a la empresa concesionaria el aporte del Estado. En estos momentos, Hidrovía SA tiene un contrato y se aferra a sus derechos adquiridos. Le deben dinero y no saben cómo se lo van a pagar».
En este contexto, se prevé que muchas cargas paraguayas y brasileñas se deriven hacia los puertos cariocas, mientras que las argentinas seguirían perdiendo en competitividad.

Cabe destacar que, ante el reclamo de los privados, las autoridades competentes han tenido una reacción rápida: se firmó el Decreto 1.381, mediante el cual se deriva un porcentaje del impuesto a los combustibles para el financiamiento del dragado. Sin embargo la cifra alcanzaría a apenas los 20 millones de dólares, 50% menos de lo que se aportaba hasta ahora.

Para los privados, si bien esta norma es un «avance positivo», no es suficiente porque, en definitiva si estos 20 millones no son aportados por el Estado nacional, serán los privados quienes carguen con el costo adicional.
«La Hidrovía es una obra de infraestructura de suma importancia para el país y nuestro desarrollo regional, en razón de ser la vía hacia el exterior para la producción nacional. En los países cuya actividad de transporte por agua necesita importantes obras de dragado, el Estado participa económicamente para morigerar los costos resultantes», argumenta la carta enviada al presidente Fernando de la Rúa. Lo cual, en verdad, no cambia demasiado las cosas: que un Estado aporte o no dinero a una obra de infraestructura necesaria y vital, pasa a ser secundario cuando el Estado no tiene la suma disponible.
Por lo cual, si el dinero fuese destinado a la hidrovía, debería sacarse de otras áreas, bastante afectadas, como salud, educación o seguridad.
En realidad, la solución es muy simple y la pregonan los más prestigiosos economistas: es inevitable una reducción en el gasto político y burocrático innecesario, para destinar esos fondos a áreas que realmente los necesitan.

Por otra parte, (y éste es un tema que involucra a todos los actores sociales), es fundamental la lucha contra la evasión y el contrabando. En este aspecto, los privados, que en forma justa reclaman fondos para áreas desatendidas, quizá puedan darle al Estado una ayuda, denunciando y señalando a quienes frecuentan estos delitos.