La Justicia dictaminó que guardar datos de usuarios es "inconstitucional".
En Alemania no podrán ser almacenados de forma masiva y sin sospecha concreta los datos de conexiones telefónicas y de Internet, según dictaminó el Tribunal Constitucional alemán.
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La máxima instancia judicial de Alemania declaró inconstitucional la ley que permite el almacenamiento masivo de estos datos durante medio año para ser utilizados en la persecución de delitos o para evitar peligros públicos como atentados terroristas.
Los datos de conexiones de telefonía fija y móvil y de las entradas en la red podían ser entregados hasta ahora a las autoridades cuando mediaba sospecha de delitos graves como asesinato, homicidio, pornografía infantil o soborno.
La ley fue aprobada por la coalición de democristianos y socialdemócratas en 2008 en concordancia con una directriz de la Unión Europea del año 2006 con el fin de perseguir delitos y evitar peligros públicos como atentados.
Los magistrados afirmaron que la actual ley es violatoria de la privacidad garantizada en la ley de telecomunicaciones y argumentaron que a través de estos datos pueden ser elaborados perfiles de desplazamiento y personalidad y se puede llegar a conclusiones que afectan la esfera íntima de las personas.
Los jueces germanos consideraron asimismo que no garantiza la seguridad de los datos que están obligadas a conservar las operadoras de telefonía y las proveedoras de Internet ni tampoco especifica de forma concreta la finalidad para la cual serían utilizados.
El fallo de los jueces de Karlsruhe, sin embargo, no descarta de forma general el almacenamiento de datos. Los magistrados no cuestionaron la legalidad de la directriz europea, pero destacaron que el almacenamiento de datos constituye "una injerencia mayor con una dimensión desconocida hasta ahora para el orden jurídico".
Por ello, consideraron que esta intervención debe estar supeditada a estrictos requisitos que la ley alemana no cumple en su versión vigente. Los jueces demandaron que esté garantizada la seguridad de los mismos por una instancia supervisora y que el afectado sea notificado de que sus datos están siendo remitidos a las autoridades.
Asimismo hicieron hincapié en la necesidad de que los datos sean reunidos por las empresas de telecomunicación y nunca queden en manos del Estado.
En la mayor demanda masiva en la historia de la Justicia alemana, con más de 34.000 querellantes, incluidos políticos del Partido Liberal, Los Verdes y del partido La Izquierda, habían solicitado ante los máximos jueces la derogación de la ley, argumentando que violaba la intimidad de las personas.
Tras el éxito obtenido en Alemania, los demandantes anunciaron que lucharán ahora a nivel europeo. "Otros países no se ven beneficiados por este fallo y por eso queremos extender nuestra protesta más allá de las fronteras (alemanas)", comunicó Forian Altherr, representante del mayor grupo de querellantes.
Los tribunales constitucionales de Rumania y Bulgaria se pronunciaron en sentido similar al de Alemania, pero no así los de otros países, amplió Altherr.
"Es un día sobresaliente" para los derechos fundamentales y la protección de datos, señaló por su parte la actual ministra alemana de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.
"Esta decisión tendrá también repercusión en Europa", auguró la política del Partido Liberal.
Por el contrario, el presidente de la Federación de Policías Criminales de Alemania, Klaus Jansen, se manifestó "consternado". En declaraciones a la emisora radiofónica Deutschlandfunk, el alto funcionario policial advirtió que la investigación policial se verá dificultada de forma sustancial.
El fallo podría acarrear consecuencias financieras para el Estado alemán. El sector alemán de telecomunicaciones demandó hoy cientos de millones de euros para el almacenamiento de datos argumentando que los costes que demandó la ley derogada volverán a aumentar con la puesta en vigor de criterios de seguridad más estrictos.
"La ley anterior nos costó más de 300 millones de euros en adquisición de la técnica de almacenamiento necesaria", comunicó la Federación de Proveedores de Internet Eco, que aglutina a unas 500 empresas. Ahora creemos que los costes para el nuevo almacenamiento de datos aumentarán sustancialmente".
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