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Necesitamos policía de estado
Con el 5% de casos arribados a tribunales, los jueces no hacen ni pueden hacer política criminal; cada conflicto se analiza en sus particularidades y se lo decide según la ley. Si la justicia estuviese sujeta a directivas políticas, ya no habría Poder Judicial ni división de poderes, ni Constitución.
¿Es entonces el Ministerio Público Fiscal el responsable de la inseguridad por administrar el 95 % de los casos? Afirmarlo también sería erróneo.
Hay problemas estructurales. El sistema acusatorio bonaerense puso a exclusivo cargo de los fiscales la investigación penal, para atacar los puntos nodales de la criminalidad. La realidad actual, es la de una policía poco confiable, la inexistencia de la policía judicial (peritos y detectives), y la burocratización de las fiscalías, cuyo mayor esfuerzo es confeccionar expedientes, frente a una criminalidad no se la persigue con papeles.
Nuestros fiscales, en cambio de analizar los mercados delictivos (narcotráfico, trata de personas, corrupción, etc.) para su disolución, están sobrepasados por el trámite de delitos rudimentarios detectados por la Policía.
¿Es entonces la Policía la responsable de la inseguridad? Tampoco sería correcta afirmarlo. Su personal, mal pago y peor equipado, lanzado con escaso entrenamiento a contextos de alta violencia, termina mimetizado con el entorno delictivo o a la deriva en una carrera profesional riesgosa y de suerte esquiva.
El problema no es tanto de personas como de sistemas. Debemos acordar "Políticas de Estado" para mejorar la seguridad ciudadana; es imprescindible extraer este tema de la agenda electoral. Debatir, sin reaccionar con medidas de corto plazo.
La exclusión de malos policías, fiscales y jueces es tan necesaria como insuficiente.
Importa más cualificar al personal de seguridad que aumentarlo indiscriminadamente; es mejor crear una policía judicial tecnificada, capaz de investigaciones complejas, que detener masivamente a los jóvenes reclutados por bandas delictivas.
Más que leer y escribir voluminosos expedientes, se debe obtener prueba y exponerla en audiencias, para veloz resolución del caso. La víctima debe ser asesorada para aportar información calificada y no ser simple expresión mediática del dolor.
La inseguridad merece un debate, que no puede agotarse en el indecoroso papel de instituciones echándose culpas por el eterno retorno al fracaso.
(*) Pte. Red Jueces Penales de la Pcia.
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