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Otro de los motivos que tienen festejar fue la desactivación del reclamado paro nacional de la CGT a cambio de los fondos para las obras sociales.
El proyecto mantiene las deducciones por hijo, cónyuge, padres y empleada doméstica, al tiempo que permite descargar horas extra, feriados y viáticos hasta un 40%, aunque, en el caso del transporte no se pondrán límites, y un 40% los alquileres de vivienda, con un tope de $ 51.000.
Entre sus puntos centrales, el mínimo no imponible subirá un 23%, ascendiendo hasta $ 37.000 brutos para casados con dos hijos, y a 27.941 pesos brutos para solteros: este piso será actualizado de manera automática en base al índice RIPTE. También establece que los jueces o empleados que ingresen en el Poder Judicial pagarán ganancias y en el caso de los jubilados lo harán cuando su haber supere los $ 30.000 mensuales.
El costo fiscal de la reforma de la cuarta categoría será de unos $ 50.000 millones, de los cuales $ 27.000 millones están incluidos en el Presupuesto, y el resto se compensará con impuestos al juego y aumento del consumo. Los $ 6.000 millones de coparticipación que aportarán las provincias se compensará con el 2% destinado a Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El por máquinas fue reemplazado por un incremento a las ganancias de los juegos de azar de 35% al 41,5% y se estableció que los juegos de azar pagarán 0,75% por apuesta y los online un 2,5%.
Otro de los motivos que tienen festejar fue la desactivación del reclamado paro nacional de la CGT a cambio de los fondos para las obras sociales. En agosto pasado Ámbito Financiero reveló un acuerdo con el Gobierno para concretar la mayor cesión financiera a las obras sociales de los sindicatos. El fruto de ese otro pacto fue la tregua en un contexto de crecientes amenazas de medidas de fuerza y de reapertura de paritarias, que promocionaron sin éxito las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli.
Sobre la base de una deuda reclamada por los gremialistas por más de $ 30.000 millones, el plan incluyó un decreto de necesidad y urgencia que creó tres instrumentos financieros por $ 27.500 millones; una decisión administrativa que habilitará el pago más inmediato a las obras sociales, y un cambio en la cobertura médica para discapacitados que les permitirá a las entidades de los sindicatos un alivio por $ 2.500 millones.
Ese pacto de mitad de año implicó un pago inmediato de $2.700 millones y unos $ 8.000 millones que los dirigentes reclamaban como propios para un fideicomiso que finalmente creó el "Plan Universal de Salud".
