Tras desaprobación de fondos de presidenciales 2015, las fuerzas políticas apelarán y continuará el fondeo oficial. Sistema permite dilatar definición.
Apelación. El fiscal ante la CNE es el mismo Jorge Di Lello.
Pese a que la jueza nacional con competencia electoral, María Servini de Cubría desaprobó todos los balances de los principales candidatos a la presidencial 2015, ninguno de sus sellos sufrirá una quita de los aportes oficiales de campaña para esta elección. Es más, el Gobierno seguirá girando las partidas conforme al cronograma que las fuerzas políticas tenían acordado para solventar gastos proselitistas. Todos ellos iniciarán ahora la etapa de descargos por el duro informe de auditoría donde no fue posible determinar origen y destino de gran cantidad de fondos aplicados a la campaña. Será la vía previa a la apelación de la decisión, impulsada a instancias del fiscal electoral Jorge Di Lello. El funcionario es fiscal también ante la Cámara Nacional Electoral por lo que se descuenta que sostendrá su decisión de desaprobar los balances y solicitar el castigo de la quita de fondos, como fue su dictamen original, en primera instancia. Pero hasta tanto no se expida la Cámara Nacional Electoral, ninguno de los involucrados verá impactado en sus cuentas descuento alguno.
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Cambiemos, Frente para la Victoria (FPV), UNA y Compromiso Federal, Progesistas y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) sufrieron observaciones de distinto tenor en sus balances 2015, con la sugerencia de los auditores de la CNE por las deficiencias en la declaración de sus gastos, eventos que no fueron consignados, apoderados inexistentes o imposibilidad de justificar destino de los fondos. Progresistas y FIT tienen objeciones menores pero tampoco consiguieron que se aprueben sus presentaciones. Lo inédito del episodio -adelantado como posible leading case por Ámbito Financiero a raíz de sus implicancias con un fallo de fondo desfavorable, es que se pide una sanción para esa falta que es la quita de recursos públicos que, como marca la ley, provienen de un cálculo de dinero por voto recibido.
El principal problema radica en que el sistema de control electoral en la Argentina es "ex-post", lo que significa que al finalizar cada paso del proceso electoral, se presentan los balances ante la Justicia electoral. Una vez finalizados los comicios, los auditores empiezan a analizar cada uno. Las observaciones suelen llegar dos años más tarde, como en este caso y una resolución de fondo, podría demorar hasta 2018. En el camino, las fuerzas continúan canalizando fondos de campaña vía "aportes para el desenvolvimiento institucional" como forma de burlar los permisivos controles. Luego de la experiencia del Frente para la Victoria referido a la causa que vinculó a la mafia de la efedrina con los aportes de campaña del kirchnerismo, los partidos ni siquiera anotan apoderados partidarios relacionados a sus fuerzas que puedan ser responsable penalmente. La penalización es la declaración de inhabilitación de candidaturas o de puestos partidarios. No hay antecedentes de que hayan impactado. Cuando apelen, tendrán el camino despejado hasta tanto se expida la CNE, que podría sugerir un fallo ejemplificador.
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