LA LEGISLATURA SESIONA ESTA SEMANA POR PRESUPUESTO Y LEY IMPOSITIVA Un legislador del oficialismo bonaerense presentó un proyecto para que la provincia se sume a la norma sancionada la semana pasada en Diputados.
La provincia de Buenos Aires podría convertirse en el primer distrito en adherir a la ley nacional de Responsabilidad Penal que castiga la corrupción empresaria, si se aprueba un proyecto en ese sentido presentado la semana pasada por el diputado bonaerense y vicepresidente del interbloque de Cambiemos, Cesar Torres.
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"El objetivo del régimen recientemente sancionado -dice la iniciativa- es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción, a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública por medio de la implementación de programas de integridad, y cooperen con las autoridades, de manera de coadyuvar a una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal".
La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el oficialismo, que permitirá contar con una herramienta para sancionar a personas jurídicas por delitos de corrupción contra la administración pública, luego de que el Senado aplicara cambios al proyecto que originalmente había aprobado la Cámara baja.
A pesar de votar la normativa, desde el massismo se quejaron por las modificaciones efectuadas en la Cámara Alta, que dieron por tierra con las incorporaciones que a propuesta del massismo se habían realizado al proyecto original del Poder Ejecutivo. Se trata de la propuesta de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y a la propuesta para que la normativa alcance a todos los delitos del Código Penal.
El proyecto del diputado Torres plantea que "la amenaza de sanción a las personas jurídicas y la posibilidad cierta de mitigar su responsabilidad cuando hubieran colaborado en la prevención y detección de los delitos contra la administración pública, son herramientas para aumentar la prevención de la corrupción y, al mismo tiempo, robustecer la eficacia en la persecución y el castigo a los partícipes individuales".
Otro de los argumentos de la iniciativa que el vicepresidente del interbloque de Cambiemos presentó en la Cámara baja bonaerense el jueves pasado radica en la importancia de ley nacional dentro de los estándares mundiales.
"La ley está en línea con las legislaciones de los países que cuentan con sistemas consolidados de responsabilidad de las personas jurídicas por hechos de corrupción, como España, Estados Unidos, Brasil y Chile", especifica.
"Convencidos de que la sanción de la Ley Nacional N° 27.401 constituye un avance en materia de prevención y lucha contra la corrupción, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley", concluye el texto de Torres que buscarán debatir esta semana en el marco de la discusión parlamentaria de Presupuesto y Ley Impositiva.
Entre otros puntos, la normativa sancionada la semana pasada en Diputados se acotará a los delitos de cohecho (pago de coimas); tráfico de influencias nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances.
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