Aduana volteó una “megacautelar” por u$s128 millones para stockeo

Política

El caso es idéntico al de la importación de toallas. Luego de dos años, sólo había utilizado u$s20 millones, lo que le dejaba más de u$s100 millones disponibles.

La metodología calcada de algunas empresas de recurrir a la vía judicial para liberar importaciones y obligar al BCRA a girar dólares oficiales había logrado una sofisticación adicional: su validez y prórroga sistemática por parte de la Justicia permitía obtener un paraguas extendido en el tiempo que no sólo sirviera para el giro comercial ordinario, sino también para hacerse de stock a valores preferenciales. La firma Barpla SA había argumentado “peligro de demora” ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, pero había logrado validar la salida de 39 SIMIs (procedimientos para autorizar importaciones, en este caso de textiles) durante los años 2020 y 2021. Sin embargo, hasta el 16 de agosto pasado, de acuerdo con los registros de la Aduana había utilizado u$s21 millones de dólares. Le quedaba un margen superior a los u$s107 millones de libre disposición. Ante el escándalo, la empresa decidió desistir de la cautelar y proseguir con el trámite habitual de las licencias no automáticas, algo que ya fue convalidado por las autoridades del fisco.

El caso es idéntico al de la importación de toallas por u$s20 millones de dólares que había sido utilizado como ejemplo de prácticas empresarias irregulares por el ministro de Economía Sergio Massa. En aquel caso, solo había sido utilizado el 10% del monto autorizado. En este caso, las cifras que habían sido autorizadas por el juzgado de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre eran exponencialmente superiores. Ese tribunal se anota en todos los precedentes: allí se hallaron empresas que “alquilaron” cautelares a otras firmas -incluyendo algunas firmas de indumentarias “top”, todas reveladas por Ámbito- y también la que importó toallas, que también acumulan sospechas por falsificación de marca.

La Aduana que dirige Guillermo Michel solicitó, en base a las irregularidades detectadas en el caso de Barpla SA -el de 39 SIMIs detectado ahora- que la Justicia revoque la cautelar otorgada desde el 2020 ya que no cumplía con uno de los requisitos por el que se otorga una medida excepcional en un proceso exprés basado en la verosimilitud del derecho supuestamente vulnerado y el peligro de la demora, vinculado con la urgencia. Si en dos años y tras sucesivas prórrogas no se había utilizado el monto autorizado, significaba que no existía tal peligro. Madariaga de Negre ni siquiera le dio traslado al reclamo de la Aduana.

La medida judicial solo quedó sin efecto una vez que Barpla anunció que desistía de ser beneficiaria. Fuentes del mercado indicaron que en mucho colaboró que sus operaciones de trading hubiesen quedado paralizadas, con embarques trabados, algo que la Aduana utiliza para fomentar la denominada percepción de riesgo, con el objetivo de desalentar este tipo de prácticas. Ante este escenario, Barpla SA desistió de la cautelar por escrito, le solicitó al juzgado que la deje sin efecto y que cobre las costas.

El cruce de sistemas informáticos para firmas que obtuvieron medidas cautelares en la Justicia para validar sus SIMI por fuera del procedimiento normal para autorizar importaciones de bienes con licencias no automáticas -anticipada por Ámbito- sacudió al mercado ante lo que supondría un bloqueo automático de sus operaciones y una eventual denuncia. Sigue llamando la atención que los casos que se suceden tengan siempre como epicentro el mismo juzgado que atiende casos contenciosos contra el fisco.

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