El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, junto a los intendentes de las localidades de ambos países que bordean el río Uruguay, en la fronteriza ciudad de Concepción del Uruguay.
Los ambientalistas de Gualeguaychú aseguraron ayer que el conflicto por la pastera Botnia «no está cerrado para nada», pese al acuerdo alcanzado entre la presidente Cristina de Kirchner y su par uruguayo, José Mujica. En tanto, el Gobierno nacional avanza en la causa judicial contra la Asamblea Ciudadana por el bloqueo del puente internacional a la ciudad oriental de Fray Bentos.
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La advertencia de los manifestantes entrerrianos llegó horas antes de la reunión que mantendrán hoy para definir los próximos pasos que le imprimirán a la protesta, en el marco del vencimiento mañana -algunos asambleístas hablan de hoy- de la tregua que concedieron a los dos países y que mantiene liberado el paso, bloqueado durante tres años y siete meses.
Como cada miércoles, los ambientalistas se reunirán a las 20.30 y, además de resolver cómo sigue la lucha contra la planta, prevén confirmar día, hora y lugar para una asamblea ampliada que evaluará la continuidad del reclamo. Tal como anticipó este diario, entre las hipótesis que se barajan, la que más peso tiene es la de extender la tregua que mantiene el paso liberado hacia la ciudad uruguaya y llevar adelante acciones de protesta ante eventos concretos de contaminación.
«No coincidimos con la expresión de ambos Estados en cuanto a que el problema está resuelto. El problema subsiste, Botnia sigue contaminando», señaló el abogado de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, Luis Leissa, aunque destacó como dato positivo que ahora existe un diálogo binacional «que antes no existía».
En esa línea, los representantes de la agrupación también criticaron al canciller argentino, Héctor Timerman, por «sus medias palabras». Por su parte, el diplomático se amparó en la red social Twitter para asegurar: «Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para defender el medioambiente y que se cumplan la ley y los acuerdos con el Uruguay».
Asimismo, los asambleístas cuestionaron al Gobierno nacional por seguir adelante con las querellas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Al respecto, otro de los abogados del movimiento, Osvaldo Fernández, denunció que «hay una estrategia judicial para que nos callemos la boca, para que la Asamblea se torne mansa».
Precisamente, el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, elevó a la Cámara Federal de Paraná la causa por el corte del paso internacional. La decisión es para que el tribunal resuelva el recurso de apelación presentado por la fiscal Daniela Neyra contra el fallo de Pimentel que rechazó el 2 de julio la pretensión del Ejecutivo nacional, basándose en el «contexto social imperante» en torno al corte del puente.
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