Avanza causa por los presuntos excesos policiales en Las Heras

Carlos Alberto, diputado por el pueblo de Puerto Deseado en la Legislatura provincial, vio cómo se disolvía en cuestión de horas su cargo de vicepresidente 1º del cuerpo, del que fue ungido por expreso mandato del ahora ex gobernador Sergio Edgardo Acevedo, hacia el 2 de este mes.
Antenor, comisario a cargo de la alcaidía de Puerto Deseado y hermano de Carlos Alberto, fue el primero en alertar al jefe de la Policía provincial, el comisario general (R) Wilfredo Alejandro Roque, sobre presuntas «irregularidades» cometidas por efectivos del cuerpo, durante el primer operativo de detenciones ordenado por la jueza Graciela Ruata de Leone, en el marco de la causa abierta por el asesinato del policía Jorge Alfredo Sayago y la revuelta petrolera frente a la alcaidía de Las Heras, la madrugada del 7 de febrero, para exigir la liberación del activista Mario Navarro.
A Carlos Alberto, el político traicionado, le acorralaron sus aspiraciones políticas los operadores de Kirchner: Carlos Zanini, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, y Juan Antonio Bontempo, por entonces subsecretario general de la Presidencia, devenido ahora ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia. Zanini y Bontempo pidieron la cabeza de Marsicano para imponer a Judit Selva Forstmann de Papousek como vicepresidenta 1º de la Legislatura santacruceña, posicionándola detrás del titular del cuerpo, Carlos Sancho, ante una eventual salida de Acevedo. Carlos Alberto respondía internamente al Frente Renovador Peronista (FRP), gestado alrededor de Acevedo, cuando éste fue intendente (dos mandatos) de Pico Truncado. Pero Marsicano debió renunciar al cargo con que había sido ungido y se llamó a silencio. Acevedo también renunció y se llamó a silencio.
A Antenor, el comisario leal, su jefe Roque le exigió precisiones en torno a los detenidos de la causa Sayago que, por disposición de Ruata de Leone y para evitar mayores incidentes, fueron alojados en la alcaidía de Puerto Deseado. El informe de Antenor fue alarmante: el examen médico realizado a los cinco apresados (y contrastado con el realizado en Las Heras, antes del traslado) concluía que habían sido víctimas de duras «golpizas» presuntamente asestadas por efectivos policiales, que no
escondían el encono por
la muerte de un hombre de la fuerza.
Roque sorteó entonces a Acevedo y estableció una línea directa con el presidente Kirchner, a quien respondió 8 de los 12 años que duró su gobernación, y a quien debe su retorno a la Policía, desde octubre pasado. En la madrugada del 25 de febrero, Roque radicó ante la jueza Ruata de Leone una denuncia penal. El expediente fue caratulado «Roque, Wilfredo sobre denuncias» en los autos Nº R 22.200/06. El jefe de la fuerza anticipó allí potenciales «excesos» y la Justicia libró un oficio reclamando la nómina del personal policial afectado a las detenciones.
 Operativos
De aquellos polémicos operativos, participaron el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Río Gallegos; el Comando Radioeléctrico de Caleta Olivia (donde prestaba servicios Sayago); y la Brigada de Investigaciones Zona Norte con sede en Caleta Olivia, estas dos últimas dependencias fueron las mismas que intervinieron la madrugada trágica del 7 de febrero cuando pretendieron aplacar la revuelta que exigía la liberación del petrolero Navarro.
Al frente del operativo se encontraba ese martes 7 el comisario inspector Gustavo Adolfo Iñigo, quien fue ascendido por el ex gobernador Acevedo al cargo de comisario mayor «en reconocimiento a la labor ejercida en el operativo», aún cuando desde la propia fuerza se lo acusaba de haber mandado a su personal sin cascos y sin chalecos antibala a enfrentar con gases lacrimógenos a revoltosos armados hasta los dientes (armas cortas, armas largas, cuchillos de fabricación casera y elementos contundentes).
El 15 de este mes, cuando apenas habían transcurrido 24 horas de la renuncia de Acevedo, el presidente Kirchner habló por primera vez de «excesos» policiales en Las Heras. Dos días antes, Kirchner había recibido en su despacho a la viuda de Sayago, Lorena Paola Castro, quien le habría dejado un sobre lacrado con información que comprometía todavía más al personal policial. Pero Roque ya se había anticipado, presentando la denuncia penal que salvaba su cabeza pero ponía en jaque la cabeza de Acevedo, en la medida en que éste último había repartido méritos hoy duramente cuestionados. Es que mediante un decreto de ascenso extraordinario, Acevedo benefició a un total de 41 efectivos, entre ellos, a Sayago (que pasó de oficial subinspector a comisario), pero también al polémico Iñigo. Los ascensos fueron presentados por el propio Acevedo en Gobernador Gregores (donde fue sepultado Sayago) y en Caleta Olivia, luego de los funerales del policía.
Kirchner busca ahora que Acevedo siga purgando culpas aún cuando el ex gobernador explicó al llegar a Pico Truncado que «desde que presenté la renuncia, sólo quiero ser un vecino más, discúlpenme...». La Justicia comenzó esta semana con las indagatorias y en los próximos días podría definir el grado de compromiso de los policías, más allá de los resultados del sumario administrativo que se cursa en la fuerza.