Santa Fe - Hermes Binner y el ministro Amado Boudou medirán fuerzas hoy ante la Corte Suprema de Justicia en la audiencia pública que se llevará adelante en el cuarto piso del Palacio de Tribunales en la Capital Federal. Junto con parte de su gabinete, algunos representantes de entidades empresarias santafesinas y también legisladores del PJ que manifestaron un rotundo apoyo a la gestión oficial, al menos en cuanto al tema que motivó la audiencia, el mandatario socialista presentará durante la mañana ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el más importante de los tres reclamos que la provincia decidió plantearle al Estado nacional, y que toman aún mayor relevancia por la opresiva situación financiera que atraviesa el distrito.
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Un poco por la cantidad de ceros que tienen los montos de dinero que están en juego -supera los $ 2.000 millones sólo en 2008 y la demanda abarca cuatro años- pero, más que nada, porque a pesar de no contar con antecedentes el Ejecutivo provincial confía en que cuenta con los argumentos clave para ganarle la pulseada a la Casa Rosada, el planteo de inconstitucionalidad de la prórroga de la detracción del 15 por ciento de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos con destino a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se alza como el reclamo de mayor preeminencia que Santa Fe decidió llevar ante el máximo tribunal.
Además, se estima que lo que pueda suceder hoy servirá de marco jurídico cuando llegue el momento de presentar las otras demandas que tiene en carpeta la gestión de Binner por el impuesto al cheque y por un fondo creado para financiar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En las horas previas a la audiencia, el gobernador terminaba de delinear su estrategia, que básicamente apuntará a destacar, en primer lugar, que el reclamo de fondo se basa en que la imposición o distribución de tributos debe establecerse a partir de un acuerdo entre la Nación y las provincias. En segundo término, buscará reafirmar que en 2006 Santa Fe retiró el consentimiento para que el Estado siga detrayendo el porcentaje de los recursos de la masa coparticipable con destino al financiamiento de la seguridad social, tal como se había establecido en el Acuerdo Federal de 1992 y en otros pactos fiscales posteriores.
El silencio absoluto, en cambio, prevaleció en los despachos del Ministerio de Economía. Boudou, que estaba al frente de la ANSES cuando Santa Fe decidió no volver a adherir al Pacto Fiscal cuatro años atrás y representará hoy ante los magistrados los intereses del Ejecutivo nacional, no reveló qué dirección tomará su argumento en la audiencia. Sin embargo, a juzgar por el antecedente reciente en el que en idéntica situación negó una deuda que reclama Córdoba, el Gobierno santafesino descarta que el ministro acceda a reconocer el planteo de Binner.
Así las cosas, lo que pretende sobre todo alcanzar el mandatario socialista es que se atienda la medida cautelar que presentó la Fiscalía de Estado de la provincia, donde el Gobierno de Santa Fe solicita que, hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo planteada, «se ordene la suspensión parcial» de la aplicación del artículo en cuestión y también «el cese preventivo» de la detracción de los fondos coparticipables.
En tal sentido, la pretensión cautelar se limita «a los períodos sucesivos» y «tan sólo al 50 por ciento de los fondos que corresponden a la provincia de Santa Fe y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada, requerimiento parcial y mínimo anticipado al cual se ve forzada la provincia atento la grave situación financiera» que atraviesa.
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