Agustina Vila y Jorge Macri.
El Gobierno de Axel Kicillof activará desde hoy y hasta el 30 de abril dos semanas de suspensión de las clases presenciales en 35 distritos del Conurbano bonaerense, en cumplimiento de la orden decretada por Alberto Fernández el pasado miércoles en pos de intentar bajar la circulación de personas y domar la escalada de contagios en el AMBA.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Sin embargo, el congelamiento temporario de la presencialidad -para pasar al 100% de virtualidad-se extenderá territorialmente en las próximas horas, de la mano de municipios del interior bonaerense que recurrirán por decisión propia a esa restricción para intentar contener la curva de casos.
Ya anunció que avanzará en ese sentido el intendente de Castelli, Francisco Echarren (en un distrito donde la terapia intensiva está con 100% de ocupación), mientras que mañana el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, confirmará el nombre de otros intendentes que calcarán la medida.
A diferencia del rechazo explícito y activo que la medida generó en la administración del porteño Horacio Rodríguez Larreta (quien anoche cosechó un fallo a favor, ver aparte), el mandatario bonaerense respaldó la iniciativa. Pero como en CABA, también desde filas de Juntos por el Cambio -con intendentes y diputados provinciales como protagonistas- desembarcaron en la Justicia para defender la presencialidad en las escuelas, aunque hasta ayer sin novedades.
Otra coincidencia radica en la reacción de familias autoconvocadas disconformes con el congelamiento del dictado de clases, que desplegarán hoy “abrazos” a establecimientos escolares.
Además circuló la intención de algunos establecimientos escolares, de abrir sus puertas para dictar clases presenciales, pese a la decisión oficial de la Provincia.
En reacción, desde la Dirección de Cultura y Educación que conduce Agustina Vila recordaron que todas instituciones educativas -públicas y privadas- “se deben enmarcar en los mismos principios, garantías, fines y objetivos” del sistema educativo provincial, y que en caso de incumplimientos “se establecerán los procedimientos para la aplicación de sanciones”. Una avanzada que podría incluir, según trascendió de manera extraoficial, quitas en subsidios o inhabilitaciones.
No obstante, Kicillof consideró ayer que no prosperarán las amenazas de rebeldía. “No tengo en el radar que el lunes abran colegios en la Provincia; seguramente habrá sanciones (si ocurre), pero no creo que sea algo que suceda”, dijo.
La lupa fina será manejada también desde filas gremiales: el Sindicato de Docentes Particulares (Sadop) anunció que “denunciará a los propietarios de escuelas privadas que no cumplan con la suspensión de clases presenciales en el AMBA”.
En el caso de la suspensión de clases en los 35 municipios del AMBA -quedaron fuera de esa orden Brandsen, Campana, Cañuelas, Exaltación de la Cruz y Zárate-, las escuelas permanecerán abiertas con dotaciones de docentes y auxiliares para facilitar el intercambio de materiales educativos con estudiantes y familias.
La medida alcanza a los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Ese lote incluye a municipios de Juntos por el Cambio, que activaron iniciativas en pos de intentar garantizar la continuidad de las clases presenciales. Las estocadas brotaron desde los intendentes Jorge Macri (de Vicente López, y presidente del PRO provincial), Gustavo Posse (San Isidro) y Jaime Méndez (San Miguel).
Macri y Posse declararon esencial la educación en sus distritos y presentaron sendos recursos de amparo ante la Justicia Federal de San Martín para continuar con el formato de presencialidad.
“Voya a hacer todo lo posible para que los chicos el lunes estén en las escuelas”, dijo Macri. Al menos hasta anoche no se había pronunciado sin embargo la Justicia. Méndez, por su parte, también declaró esencial el servicio educativo en su distrito.
En paralelo, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, presentó en las últimas horas -con sus colegas de bancada Diego Rovella y Emiliano Balbín, y un grupo de padres de escuelas públicas y privadas- un recurso de amparo ante la Justicia platense para pedir que se garantice el dictado de clases presenciales. “Recurrimos a la Justicia para defender la educación de los chicos, ante la repetición de errores y fórmulas que no funcionaron en 2020 por parte del Presidente y del gobernador”, dijo.
Desde la vereda oficial, por su parte, Vila advirtió que “las actitudes oportunistas agudizan la angustia y el desconcierto”, al referirse a las críticas de la oposición a las medidas dispuestas por el Gobierno para mitigar los contagios de coronavirus. “Si se decide hacer una presentación ante la Justicia, se debe aguardar su pronunciamiento”, recalcó.
Dejá tu comentario