Conflicto pesquero: hoy, día clave

Darío Barolli, titular de CALAPA, y Alfredo Pott, su par de CAPECA viajarán hoy desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, donde serán recibidos por el mandatario patagónico, que oficia como mediador en la disputa tras los graves disturbios ocurridos en la tarde del viernes, violentos hechos que significaron la destrucción de oficinas de seis empresas del parque industrial pesquero de Puerto Deseado.
Los marineros que llevan adelante la protesta dieron una tregua hasta hoy al mediodía, pero reconocen que esperarían hasta primera hora de mañana para ser convocados a una instancia de negociación de la cual participarían junto con empresarios y el gobierno provincial.
 Origen
El conflicto tiene origen en la protesta de marineros locales que se encuentran en rebeldía respecto del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que los agrupa a nivel nacional y que cerró un acuerdo salarial con la patronal el 1 de junio pasado. La delegación de Puerto Deseado exige que se les exima del pago de Ganancias, una solución que pende de la negociación del titular de la CGT, Hugo Moyano, con Néstor Kirchner, pero, además -y éste es el principal punto de conflicto-, desconoce el acuerdo firmado por el titular del SOMU, Omar «Caballo» Suárez.
«Suárez cerró su negocio sin consultar a nadie e informó recién casi un mes después que había acordado un aumento salarial de 16% escalonado a tres años, lo cual es inaceptable para nosotros», indicó a este diario Daniel Medina, representante gremial de los marineros de Puerto Deseado.
El conflicto tiene su entramado político: Suárez conduce el gremio desde hace casi dos décadas y hoy milita en las filas del kirchnerismo, pero ahora todas las miradas están puestas en su incapacidad para controlar la crisis de los marineros santacruceños, una instancia que debilita la posición del oficialismo tanto a nivel provincial como nacional.
Los problemas para el polémico titular del SOMU se extienden más allá de Santa Cruz, ya que además se encuentran en rebeldía las delegaciones de Corrientes, Rosario y Mar del Plata, también disconformes con el acuerdo firmado en junio, y reclaman un nuevo convenio colectivo de trabajo.
En este contexto, tras los incidentes del viernes, el gobernador Peralta dispuso que su ministro de Gobierno, Pablo González, viajara a Buenos Aires esta semana para negociar con los empresarios pesqueros, un encuentro que se desarrollará hoy. «Consideramos éste un gesto importante de ese sector empresario para una apertura al diálogo y poder sentar a las partes para acercar posiciones», indicó el funcionario que, además, señaló que desde el gobierno nacional también hay gestos de apoyo para una solución al conflicto.
 Encuentro
A su vez, desde el Ejecutivo santacruceño manifestaron que González se reunió con el ministro de Planificación nacional, Julio De Vido, y «se analiza una estrategia económica a los efectos de salvar las pérdidas derivadas del incendio de al menos seis plantas pesqueras».
Hoy se cumplirán 25 días de parálisis de la actividad pesquera en Puerto Deseado, una crisis que afecta al principal puerto de Santa Cruz, provincia que concentra 80% de la producción langostinera del país. Según información empresaria, las pérdidas superarían los $ 200 millones.En tanto, se mantenía ayer el conflicto en el puerto de Mar del Plata, cabeza de lanza en el abastecimiento del mercado interno, donde los fileteros agrupados en el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) se sumaron a la protesta que desde hace nueve días llevan adelante los empleados de cooperativas pesqueras.
El subsecretario de Trabajo bonaerense, José María Casas, continuaba negociando ayer, por tercer día consecutivo, mientras los trabajadores mantenían bloqueados los dos accesos al puerto marplatense. La no participación del sector empresario dificultaba el arribo a un acuerdo, mientras desde la CTA informaron que pedirán la mediación del obis-
po diocesano, Juan Alberto Puiggari, para que sirva de conciliador entre trabajadores y empresas.
El reclamo gremial es por la regularización de empleados en negro y un sueldo mínimo garantizado de $ 980, ya que la baja en la captura de materia prima se tradujo en una reducción horaria y la consiguiente caída salarial, lo que afecta a trabajadores que cobran por hora trabajada.
Desde la noche del lunes existe una orden judicial para que se desalojen los accesos al puerto, aunque la medida aún no había sido ejecutada por la Prefectura Naval Argentina.