Buenos Aires - La decisión del gobierno bonaerense de revisar todos los contratos del Estado para erradicar a los empleados «ñoquis» desató, como era previsible, la reacción de sectores gremiales. Ayer, el secretario general de Unión Personal Civil de la Nación bonaerense, Carlos Quintana, advirtió que ese gremio «no va a tolerar no ser consultado» y le pidió a Daniel Scioli «cuidado y prudencia» en el proceso de evaluación, aunque marcó que «no está en contra» de la iniciativa, «siempre y cuando se compruebe fehacientemente la existencia de gente que cobra sin trabajar». «Decimos con firmeza que no vamos a permitir que los trabajadores que honestamente cumplen con sus tareas sean presa de este tipo de clientelismo político y vamos a seguir con toda atención y prudencia cualquier movimiento administrativo que atente contra la tranquilidad de los que legítimamente hacen funcionar a la administración pública provincial», indicó Quintana. En declaraciones a radio América, el sindicalista y diputado provincial por el Frente para la Victoria (FpV) pidió a la Gobernación «ser extremadamente prudente en estos temas y contemplar que muchas de las supuestas anomalías que pudiesen existir pueden ser consecuencia de malos manejos de la administración anterior que fueron heredados por el gobernador Scioli». En ese marco, advirtió que «deben existir pseudos funcionarios y asesores que se van colgando de administración en administración y tienen como deporte el buscar la forma de cobrar sin trabajar». «Este problema es casi endémico y está enquistado en medio de las estructuras administrativas», evaluó Quintana. El sindicalista expresó su disposición «a un diálogo constructivo y sensato con el gobernador Daniel Scioli» y abogó porque ése «sea el sesgo de su gestión, sobre todo en lo inherente a la seguridad que merecen tener quienes trabajan». El lunes último, el gobierno de Scioli difundió su intención de hacer un «diagnóstico» de los contratos de la administración pública y desplazar a quienes «no trabajen». La noticia llegó a través del jefe de Gabinete, Alberto Pérez, quien había señalado: «Donde notemos que haya gente que está contratada o nombrada y no trabaja, la desplazaremos, porque no tienen nada que hacer en esta administración».
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Esta medida -incluida en una amplia reforma del Estado- comenzó a ser analizada esta semana por el Scioli y su equipo en la ciudad de Tandil, hacia donde trasladó su actividad estos días. Allí, Scioli mantuvo ayer un encuentro con intendentes radicales en el coqueto Salón Colina de los Robles. Participaron los jefes comunales Pedro Gamaleri (Benito Juárez); Juan Carlos Simón (Bolívar); Liliana Denot (Chascomús); Carlos García (Cnel. Brandsen); Fabián Zorzano (Cnel. Dorrego); además de Aldo Mensi (Cnel. Pringles); Luis Alberto Oliver (Daireaux); Aníbal Loubet (Gral. Guido) y Carlos Alberto Cordero (Guaminí). También estuvieron los intendentes Aníbal Rappallini (Maipú), Raúl Iribarne (Monte); Alfredo Castelliari (Navarro); Daniel Molina (Necochea); Walter Batistella (Nueve de Julio); Miguel Angel Pacheco (Pellegrini); Horacio López (Puán); Héctor Equiza (Punta Indio), Carlos Gorosito (Saladillo), Osvaldo Cattáneo (Salliqueló), Miguel Gargaglione (San Cayetano) y Carlos Sánchez (Tres Arroyos).
