Coparticipación: oficializa Solá lucha por más recursos

El foco del planteo está en los recursos correspondientes a lo que fue el Fondo del Conurbano que, años atrás, derivaba 10% de lo recaudado por Impuestos a las Ganancias y luego se «esfumó» al fijar un tope de $ 650 millones, incluidos en el paquete coparticipado. La ecuación es sencilla: actualmente, con ingresos por Ganancias de $ 14.000 millones anuales, la provincia «resigna» cerca de $ 800 millones anuales porque debería recibir $ 1.400 millones.

Esto, sin computar, según el criterio histórico de los bonaerenses, que Buenos Aires aporta 40% de los impuestos y recibe poco más de 20%, que en 2003 implicó ingresos cercanos a los $ 5.000 millones, medio presupuesto bonaerense.

Ayer, en la sede del Banco Provincia, Solá, escoltado por su vice, Graciela Giannettasio, recibió a los legisladores Eduardo Camaño, José María Díaz Bancalari, Hilda Chiche Duhalde y Mabel Müller, entre otros, para acordar una postura común al respecto.

Didáctico, el ministro de Economía, Gerardo Otero, explicó el perjuicio que para Buenos Aires implica el actual régimen de coparticipación, planteando además la necesidad de financiamiento para áreas sensibles como la indigencia y el combate de la inseguridad. Anotaron los detalles Alberto Coto, Juan José Alvarez, Jorge Villaverde, Graciela Camaño, Antonio Cafiero y el ministro de Gobierno, Rafael Magnanini, que acordaron iniciar una campaña pública para «lograr» que «todos los bonaerenses» coincidan en ese reclamo.

La postura bonaerense condensa los fantasmas de las provincias chicas, que ya dejaron saber que se plantarán firmes en defensa de su porcentaje del reparto frente a distritos grandes, a los que se agregan Córdoba, Santa Fe y la Capital Federal.

El cálculo que hacen muchos gobernadores de provincias con menor influencia en la economía argentina -y que es el núcleo de la postura unificada que harán pública los mandatarios de las seis provincias de la UCR a fin de mes en Bariloche-apunta que hay distritos cuyos recursos dependen en alto grado de la coparticipación federal y se volverían absolutamente inviables si ven reducida su tajada del reparto. En resumen, apelan a lo que ellos llaman una «distribución con sentido social».

Estos tironeos entre provincias se dan en un contexto bastante escénico, ya que el presidente Néstor Kirchner hace gestos ampulosos ante el FMI asegurando que pronto tendrá lista la nueva ley de coparticipación, pero que en rigor es apenas un maquillaje frente a las metas impuestas desde el exterior, sin un replanteo serio de la cuestión.

La expectativa está puesta en cuál será el nuevo sistema de reparto en lo que respecta al excedente de lo recaudado respecto a 2003, ya que es un hecho que la discusión será sobre «incrementales» porque la Constitución Nacional prohibe que las provincias reciban menos recursos. Por el momento, se sabe qué variables se tomarían en cuenta (cantidad de habitantes, participación en el PBI, ciudadanos con NBI y efectividad en la recaudación), pero resta conocer qué ponderación tendrá cada una de ellas.