Critican extensión de Ingresos Brutos

Córdoba - Un rechazo generalizado a la reimplantación del Impuesto a los Ingresos Brutos que encara el gobierno de Córdoba, y cuya ley fuera aprobada en la Legislatura en su primera lectura días atrás, fue la característica notoria de la audiencia pública que convocó a más de 40 entidades representativas de la industria, el comercio, el agro y los servicios.
Por caso, se destacó la posición de los industriales metalúrgicos, que valoraron a la audiencia como una «catarsis» en relación «con una imposición para lo que no fueron consultados».
Para el sector, los legisladores «no cambiarán su postura» en la segunda lectura, pues los que ya tomaron posición no se verán afectados por «algún espasmo cerebral» que los haga cambiar de postura», lamentó Sergio Recchia, vicepresidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes.
En ese marco, solicitaron
-como otras entidades- que el gobierno y los municipios hagan paralelamente su esfuerzo y trabajen en costos: «Si el impuesto ya está, y si tenemos que colaborar, necesitamos que el gobierno también haga sus deberes; en primer lugar, revisando la política del gasto público (que en el primer trimestre de 2008 aumentó 34%, involucrando $ 500 millones, monto equivalente al doble de lo que aportaría el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos)». «Además, se necesita revaluar los inmuebles urbanos y rurales y elevar el nivel a partir del cual se paga el impuesto, para evitar la pérdida de competitividad con respecto a otras provincias como Buenos Aires, cuyo piso son $ 60 millones; también se debería insistir sobre un Impuesto a las Ventas que grave la última etapa del proceso, pero para aplicarse desde ahora evitando la vuelta a este impuesto tan regresivo», agregaron.
También propusieron, en tanto, que «la ayuda que se dará al gobierno debería transformarse en un préstamo, de tal forma que los montos involucrados se devuelvan al sector en un bono o con la prestación de servicios, como el eléctrico por ejemplo».
A su turno, Angel Elettore -legislador electo y hoy ex ministro de Finanzas, que ocupa su banca por necesidad política del Ejecutivo- dijo que nadie festejaría, de hecho, una eliminación de exenciones impositivas, pero que la provincia necesita ahora conseguir mayores recursos por «la discriminación que estamos sufriendo a manos del gobierno nacional y de la baja del nivel de actividad económica que se advierte luego del conflicto con el campo».
Sin embargo, adelantó que se está trabajando con sectores representativos de la industria para lograr un cambio estructural que implicaría orientarse a un impuesto a las ventas en su última etapa, que no sea discriminatorio y que no tenga efecto piramidación ni acumulación, y que se podría aplicar en un futuro de entre uno a dos años. «Se está trabajando en conjunto con el sector industrial y puedo anticipar como voluntad del gobierno de Córdoba que si técnicamente podemos ir hacia un impuesto a las ventas finales, o que únicamente grave la última etapa de la cadena productiva, lo haremos».
En cuanto al impacto del impuesto sobre el bolsillo de la gente, Elettore dijo que «el gobernador mantuvo una reunión con las cámaras, donde éstas se comprometieron a no trasladarlo a precios; aunque en esta audiencia sólo se escucha que nadie fue consultado, la Unión Industrial estuvo presente en esa reunión y su compromiso fue concreto». En cuanto al impuesto a las ventas, indicó que «se está tomando contacto con Buenos Aires y Santa Fe y tenemos pendiente el tema con Capital Federal». «Tener un impuesto a las ventas finales implica tener que denunciar el sistema de Convenio Multilateral y salir del sistema, es muy difícil para una provincia sola; por ello es que la alternativa técnica es seguir con Ingresos Brutos pero gravar sólo la última etapa, dejando exenta la etapa industrial y la etapa mayorista», dijo, además de sostener que «hay que medir cuál sería la alícuota que compense lo que hoy se recauda». De todas maneras, recordó que la audiencia pública es no vinculante, pero resulta muy útil a la hora de corregir errores, no tanto en la ley pero sí en la aplicación de la misma».