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El objetivo del gobierno es controlar a toda persona física o jurídica que registre un alto nivel de incumplimiento y una «ostensible» capacidad contributiva.
La administración mediterránea se comprometió ante los legisladores a que el mecanismo será perentorio y que no se aplicará de manera indiscriminada. «No habrá ejecuciones masivas, sino sólo a grandes incumplidores, y el alcance del instituto será limitado en la reglamentación de la ley», explicó el secretario de Ingresos Públicos de la provincia,
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