El ministro de Economía expuso ante legisladores de todos los bloques el proyecto para el último año de gestión de Kicillof, que prevé gastos por $58,6 billones. Arranca una negociación que se cruza con la interna peronista y el armado de 2027.
Pablo López, Verónica Magario y Alexis Guerrera, en el Senado bonaerense.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, visitó este jueves la Legislatura para presentar los principales lineamientos del Presupuesto 2027, la Ley de Financiamiento y la Impositiva que abrirá una negociación tanto con sectores de la oposición como dentro del propio peronismo después de que entre hoy y mañana lo ingresen por la Cámara de Diputados.
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La exposición se llevó a cabo esta mañana en el Anexo de la Cámara baja, donde legisladores de todas las bancadas escucharon las proyecciones de recursos y gastos que contempla la administración para el próximo ejercicio, el último de la gestión de Axel Kicillof. Acompañaron al ministro la vicegobernadora Verónica Magario, y el vicepresidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera.
“La Ley de Presupuesto 2026 estableció en emergencia la economía de la provincia de Buenos Aires como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional: nuestras estimaciones eran correctas”, arrancó López. Según planteó, el proyecto 2027 se elaboró “en un contexto nacional aún más adverso, con una economía nacional transitando una nueva recesión”.
Con ese diagnóstico, el Presupuesto prevé un gasto total de $58,6 billones y prorroga la emergencia económica provincial. Según la administración, el objetivo es sostener las políticas esenciales y la protección social, mantener la obra pública y asistir al sector productivo sin resignar el equilibrio fiscal.
El proyecto se apoya en cinco ejes: la continuidad de la emergencia económica provincial, la garantía de los recursos para las políticas esenciales y la protección social, el sostenimiento de la inversión pública en infraestructura, el respaldo al entramado productivo y la preservación de la sostenibilidad fiscal y financiera.
Los números cierran en rojo. Frente a un gasto de $58,65 billones, la Provincia estima recursos totales por $56,5 billones, lo que deja un déficit financiero de $2,15 billones, equivalente al 0,5% del Producto Bruto Geográfico. El resultado primario muestra un rojo más acotado, de $205.029 millones (0,05% del PBG). Las cuentas corrientes, en cambio, arrojan un superávit de $1,79 billones.
Para armar las proyecciones, el Ministerio de Economía tomó los parámetros del Presupuesto nacional: una inflación del 18% a diciembre de 2027 y un dólar de $1.848.
Como ya ocurrió en el proyecto 2026, el texto vuelve a incluir un fondo de recupero de las deudas que la Provincia le reclama al Estado nacional en presentaciones administrativas y judiciales. Según la presentación oficial, esa deuda suma $20,7 billones a octubre e incluye, entre otros conceptos, saldos de obras públicas comprometidas, el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Compensación al Transporte, además de las demandas por el Consenso Fiscal y la ANSES.
En la Gobernación eligieron mostrar otro dato. Las llamadas funciones esenciales (salud, asistencia social, educación, seguridad, vivienda y ambiente) representarán el 44,2% del gasto no salarial, contra el 26,4% de 2019. En el mismo período, el peso de la deuda pública bajaría del 21,9% al 8,5%.
Sin contar salarios, la partida más abultada es la inversión de capital, con $4,05 billones para dar continuidad al Plan de Obra Provincial. Allí figuran el Plan de Infraestructura Universitaria y las obras de drenaje, desagües y agua potable, como el Plan Hídrico del Gran La Plata y el Plan Hídrico Integral de Bahía Blanca y Coronel Rosales. A eso se suman la construcción y ampliación de Centros de Atención Primaria de la Salud, centros comunitarios de salud mental y hospitales, obras hidráulicas estructurales para reducir el impacto de eventos climáticos extremos, el mantenimiento de rutas del interior y la finalización de viviendas sociales, incluidas las que quedaron paralizadas por el Gobierno nacional.
Para la protección de los sectores vulnerables se asignan $2,32 billones. La provincia proyecta que el Servicio Alimentario Escolar llegue a 2,6 millones de chicos y adolescentes, y apuesta también a reforzar las Unidades de Desarrollo Infantil. Salud tendrá $2,26 billones, con prioridad para los programas Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses, la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer y la transformación del modelo de atención en salud mental.
En Seguridad y Servicio Penitenciario, la inversión no salarial será de $1,98 billones, apenas por encima de los $1,93 billones previstos para Educación. La primera partida apunta a equipamiento, infraestructura y formación de la Policía y del Sistema Penitenciario Bonaerense, además de un plan de puesta en valor de dependencias policiales judicializadas. En las escuelas, el foco estará puesto en universalizar la jornada extendida y en continuar el programa PUENTES.
En el plano productivo, el proyecto contempla la continuidad de los frigoríficos municipales, los Mercados Bonaerenses, el Plan de Mejora de Caminos Rurales, el Servicio Bonaerense de Empleo, el programa Arriba Parques y las líneas de crédito junto al Banco Provincia.
La Ley de Financiamiento incluye un nuevo pedido de endeudamiento por USD 1.000 millones para afrontar los vencimientos de la deuda soberana refinanciada al comienzo de la actual gestión y garantizar la continuidad de las obras de infraestructura en toda la provincia. El texto también prevé ampliar el Programa de Letras del Tesoro y emitir títulos en pesos de mediano plazo por un volumen equivalente al total de los vencimientos de bonos en esa moneda.
Según la Provincia, se trata de “un programa orientado fundamentalmente a refinanciar obligaciones existentes”. Los créditos de organismos multilaterales seguirán siendo la principal fuente de financiamiento, con desembolsos ya comprometidos para obras.
Ese punto requiere una mayoría especial de dos tercios en cada cámara, por lo que el peronismo tendrá que acordar primero puertas adentro y luego sumar votos por fuera del espacio. En la Legislatura no pocos adelantan que “la negociación va a estar compleja”.
Las normas incluyen además la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para los municipios, vinculado al endeudamiento, "con el objetivo de acompañar a los municipios".
A esto se suma la Ley Impositiva, que define cuánto deberán pagar los bonaerenses en 2027. En el Gobierno bonaerense remarcan que la suba de impuestos “acompaña la inflación” y que no implica un aumento de la presión tributaria en términos reales. Según la Provincia, la norma “reconoce el esfuerzo de los sectores productivos tanto como de los ciudadanos bonaerenses” y consolida la estructura tributaria vigente en 2026.
En Ingresos Brutos no se modifica ninguna alícuota y solo se actualizan los topes de facturación anual que permiten a las MiPyMEs acceder a tasas reducidas. Inmobiliario y Automotor no tendrán incremento real, lo que, según el Ejecutivo, “da estabilidad a una política fiscal basada en la equidad”, y Sellos mantiene su estructura y sus alícuotas.
El funcionario de Kicillof también apuntó contra la Casa Rosada. “El Gobierno nacional recortó de manera ilegal fondos que a octubre alcanzan $20 billones, que en la gestión del Gobernador Axel Kicillof destinábamos a escuelas, patrulleros, ambulancias, servicios y derechos de todos los bonaerenses”, sostuvo. A ese recorte, según López, se suma la caída de la recaudación provocada por la crisis económica.
“En el marco de esta crisis y emergencia económica profunda, los proyectos de ley de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2027 son las herramientas que nos permiten como Estado provincial garantizar que las y los bonaerenses cuenten con mejores condiciones en este contexto tan complejo”, completó.
Como cada año, una vez ingresada, la propuesta se debatirá en las comisiones de ambas cámaras, que invitarán a los distintos ministros a detallar las inversiones previstas en cada área para el año próximo.