La iniciativa de la diputada Mayra Mendoza contra la violencia digital en las escuelas sumó aportes de un proyecto de la senadora Laura Clark y crea el "Programa EMA". En la misma sesión, Guillermo Montenegro dejó su banca para volver a la intendencia de General Pueyrredón y asumió en su lugar una legisladora libertaria.
Verónica Magario presidió la sesión en el Senado bonaerense.
El Senado bonaerense realizó este martes su cuarta sesión ordinaria y aprobó con modificaciones la denominada "Ley Ema", que busca garantizar a los estudiantes del sistema educativo provincial el derecho a una convivencia digital segura. Por los cambios introducidos, la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados, donde había obtenido media sanción a fines de agosto.
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El proyecto original lleva la firma de los diputados Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Soledad Alonso, Marcela Basualdo, Micaela Olivetto y Margarita Recalde.
El texto votado surgió de un plenario de las comisiones de Educación y de Legislación General de la Cámara alta, que el jueves pasado unificó la iniciativa de Mendoza con la de la legisladora Laura Clark, ambas legisladoras de Fuerza Patria. El proyecto de la senadora ya contaba con dictamen unánime en Educación. Del texto de Mendoza se tomaron el enfoque de convivencia digital segura, la incorporación de la ciudadanía digital a la Ley de Educación, la capacitación y la actualización de protocolos. De la propuesta de Clark se sumó la creación del Programa EMA.
La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024, después de que se viralizaran entre compañeros de su escuela imágenes íntimas suyas sin su consentimiento. El articulado se elaboró junto con su madre, Laura Sánchez, y con las organizaciones Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.
El texto aprobado crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado "Programa EMA". Alcanza a estudiantes, docentes, no docentes, equipos directivos y familias de todas las escuelas bonaerenses, tanto públicas como privadas.
La ley define la violencia digital contra niños, niñas y adolescentes. Incluye en esa definición la obtención y difusión sin consentimiento de material íntimo, real o editado con inteligencia artificial, y la distribución de material de abuso sexual infantil. También abarca los discursos de odio misóginos, el acoso, las amenazas y la extorsión digital, el espionaje de la actividad virtual, el acceso no autorizado a dispositivos o cuentas y la difusión no consentida de datos personales.
En el plano curricular, la norma dispone incorporar en todos los niveles y modalidades contenidos sobre consentimiento, privacidad, derechos y ciudadanía digital. Suma también la prevención de violencias en entornos virtuales, en línea con la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley Olimpia. A eso agrega el uso responsable y crítico de la inteligencia artificial y el abordaje preventivo de los delitos digitales. Además, incorpora a la Ley de Educación Provincial 13.688 un inciso que fija como objetivo brindar formación integral sobre ciudadanía digital.
La autoridad de aplicación, que será definida por el Poder Ejecutivo, deberá garantizar una capacitación obligatoria y continua para todo el personal del sistema educativo, orientada a la detección temprana de estos casos. También deberá actualizar los protocolos escolares para asegurar la intervención oportuna y el cese de la vulneración de derechos, el resguardo de la prueba digital, la escucha a los estudiantes afectados sin revictimizarlos y el acompañamiento prioritario de los Equipos de Orientación Escolar.
El texto promueve además medidas reparatorias que eviten enfoques exclusivamente sancionatorios. Prevé talleres y campañas sobre ciberacoso, grooming y difusión no consentida de imágenes, y busca incluir a los centros de estudiantes como agentes de prevención.
En cuanto a la implementación, el programa deberá integrarse con los dispositivos vigentes en materia de convivencia escolar, grooming y ESI, sin duplicar estructuras. Se financiará con las partidas presupuestarias existentes, sin crear nuevos organismos permanentes. La autoridad de aplicación deberá remitir un informe anual a la Legislatura y el Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley.
En ese sentido, Clark planteó durante la sesión que "se trata de una política pública específica para abordar la violencia digital en el ámbito educativo", destacó que "no podemos dejar de recordar que Ema fue víctima de violencia digital de género por la difusión de imágenes íntimas y su historia nos interpela como sociedad porque ni la escuela, ni el Estado ni su familia tuvieron herramientas para acompañarla".
"Le debemos este trabajo a su mamá, Laura Sánchez, quien hoy nos acompaña", indicó y puso de relieve que para la confección de la norma se trabajó con numerosas instituciones y ONG.
Cuando la iniciativa se votó en Diputados, Mendoza también había resumido su objetivo: "Buscamos proteger a nuestras infancias". La legisladora, intendenta de Quilmes en uso de licencia, advirtió entonces que "lo virtual termina afectando la realidad" y recordó que Ema "no tuvo posibilidad de encontrar algún adulto responsable que pueda guiarla en lo que puede significar para un adolescente tener miedo, vergüenza, sentirse juzgada".
En aquella sesión, Mendoza también apuntó contra La Libertad Avanza, cuyos integrantes votaron en contra del dictamen en la Comisión de Educación. "Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls para promover y seguir fortaleciendo esto que es tan grave para todos y para todas que es la violencia digital", sostuvo.
El avance de la iniciativa se inscribe en un acuerdo entre el peronismo y los bloques opositores de ambas cámaras para agilizar el tratamiento de los proyectos que ya cuentan con media sanción. El entendimiento surgió de una reunión convocada por el jefe del bloque peronista del Senado, Sergio Berni.
Durante la sesión, el cuerpo aprobó la licencia del senador Guillermo Montenegro, que regresa a la intendencia de General Pueyrredon. En su lugar asumió María Luján Fiego, de La Libertad Avanza.
El relevo modifica la composición de los bloques. El PRO, presidido por Pablo Petrecca, pierde una banca y queda con cuatro integrantes. La Libertad Avanza, que conduce Carlos Curestis, suma una y llega a 11.
A la vez, se aprobó una iniciativa para incorporar la educación emocional en todos los niveles educativos; otra para que la Provincia done a la Municipalidad de Villa Gesell inmuebles que serán conservados como parques naturales destinados a actividades sociales y una que declaró el 2027 como el "Ano del centenario del nacimiento del presidente Raúl Alfonsín". Además, se sancionó la adhesión a La ley nacional 27.716, de Diagnóstico Humanizado.
En cambio, no se trataron los dos proyectos de Salud enviados por el Ejecutivo: el de integración del sistema sanitario y el de creación de un laboratorio estatal de medicamentos.