29 de noviembre 2007 - 00:00
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Seguridad es uno de los temas más candentes y el ministro de esta área, León Arslanian, salió ayer a justificar el ascenso de casi de 10 mil policías, asegurando que la cuestionada medida no requiere aval del futuro gobierno.
El entredicho toma temperatura a una semana de la polémica desatada en el ámbito de Economía, con versiones enfrentadas sobre la real dimensión del déficit provincial. Mientras el sciolismo sitúa el rojo previsto para 2008 en $ 6.000 millones, el felipismo insiste en que las cuentas están en orden.
Al escenario de diferencias políticas se suma también el conflicto que afecta al Banco Provincia (BAPRO) donde, en medio de un fuerte conflicto gremial -el personal está de paro y marchó ayer por la Capital Federal en demanda de una nueva ley de Caja de Jubilaciones-, ambos bandos se disputan la elección de directores. Suma mayor incertidumbre el hecho de que el futuro ministro de Economía de la Nación, Martín Lousteau, abandone la presidencia del BAPRO encontrándose no en buenos términos con Scioli.
El día anterior, enterados del masivo ascenso de 9.581 policías, los hombres de Scioli habían argumentado que la medida «impacta sobre las finanzas» bonaerenses. Además, cuestionaron que Arslanian tome una definición de este calibre «diez días antes de irse».
Por su parte, el actual ministro de Seguridad abundó en la justificación de su decisión, explicando que si bien los ascensos que determinó suman casi diez mil, históricamente ascendían de «15 mil a 20 mil policías por año»; y que en los últimos tres años la cantidad fue mucho menor por una disposición que dictó su cartera.
A su vez, el funcionario bonaerense defendió el hecho de que 70% de los promovidos no haya finalizado la escuela secundaria. «Muchos, pese a haber hecho el esfuerzo, no pudieron terminar los estudios secundarios. Para no desestimular, resentir ni perjudicarlos, se hizo una excepción y se les permitió entonces un ascenso y una promoción sin haber terminado el secundario», explicó.
También salió al ruedo el actual subsecretario de Seguridad bonaerense, Martín Arias Duval, quien aseguró que el tema de los ascensos «lo he hablado con quien va a ser el próximo ministro de Seguridad, Carlos Stornelli». «Habíamos acordado no introducir modificaciones en la cúpula policial y no producir pases a retiro (...) ya que es una decisión que tiene que tomar la administración que viene», indicó.
Duval también se encargó ayer de confirmar la realización de una licitación que fue criticada por Scioli: hoy se abrirán los sobres por la compra de 250 camionetas para la Policía, por $ 29 millones.
Como último dato en defensa de sus decisiones, Arslanian precisó que para ordenar los ascensos consultó al ministro de Economía provincial, Carlos Fernández. La cita no es azarosa. Fernández es una de las patas de la polémica entre Solá y Scioli.
El día anterior, Pérez había afirmado públicamente que heredaban un rojo de $ 3.400 millones ($ 2.900 por el pago de deuda). A esto suman una expectativa de suba salarial por $ 2.500 millones, con lo que los sciolistas redondean un déficit esperado de casi $ 6.000 millones.
«Lo que dicen no tiene sentido, Felipe está dejando la provincia más saneada que nunca», argumentaron fuentes cercanas a Solá.
En el gobierno saliente saben que a Scioli le cayó mal la extensa propaganda que lanzó Solá sobre su gestión de gobierno, no obstante lo cual se encargan de puntualizar y adoctrinar: «Si lo que quieren son más fondos de Nación, tendrían que ver que están manejando mal el tema gremial prometiendo de antemano subas salariales por $ 2.500 millones. También deberían saber que el Presupuesto de Buenos Aires depende del federal, y que la Nación siempre subestima sus ingresos, para aprovechar los superpoderes. Esto se traslada a la provincia. Además, deberían pensar que la deuda será renegociada sin problemas con Nación a través del PFO».




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