Gremios jaquean las finanzas provinciales

Se trata de un rompecabezas de difícil solución, ya que los diferentes sectores gremiales de la planta estatal provincial toman como ejemplo los acuerdos que Nación está llevando adelante con diferentes áreas de trabajadores privados y públicos. Trasplantar estas subas salariales (que se acercan a 20%, variando según los casos) tiene efectos mucho más nocivos para las provincias que para la administración federal, en vista de que en los distritos del interior 50% del presupuesto tiene como destino el pago de haberes. Para la Nación, en cambio, esta relación es de apenas 10%.
Durante esta semana se evidenciaron conflictos en al menos once provincias, con estatales y choferes de corta y mediana distancia a la cabeza, y las consecuentes negociaciones encabezadas por los gobiernos.
Algunos mandatarios tratan de explicar el impacto que tienen las subas salariales si no están acompañadas por un aumento de los ingresos. El gobernador Felipe Solá insistió durante meses sobre este punto, pero igualmente accedió a subas. Ahora es el ministro de Economía de Tucumán, Jorge Giménez, el que abunda en el tema, indicando que «un aumento de salarios afecta a la obra pública». Hoy el frente gremial tucumano parará y marchará por el centro de la Capital local.
 Superávit
A su vez, también hay ejemplos como el santafesino, donde el proyectado superávit 2006 ya estaría comprometido para cubrir salarios; o el caso de Corrientes, cuyo Ejecutivo pide a gritos a la Nación que se les refinancie la deuda pública, para poder hacer frente a sus obligaciones salariales.
En lo que respecta a negociaciones frontales con gremios, en Buenos Aires, los empleados del Ministerio de Trabajo agremiados en UPCN se mantienen en pie de guerra, en reclamo del pago de $ 300 ya acordados con el titular de la cartera, Roberto Mouillerón. Todos los dardos de los gremialistas apuntan al funcionario, pero éste se limitó a ofrecerse como mediador del conflicto, para que los trabajadores lleven su problema al Palacio de Hacienda.
En Mendoza, la Iglesia ha decidido interceder ante la persistencia de un duro conflicto entre el gobierno de Julio Cobos y el sector de la Salud. En paralelo, las cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron un aumento promedio de 15% para estatales, pero excluyeron a la salud y la administración central, ya que sus futuras mejoras salariales estarán sujetas a la negociación en paritaria. La suba se pagará retroactiva a marzo y la cobrarán a fin de mes los docentes y judiciales, que ya cerraron sus acuerdos salariales con el Ejecutivo.
A su vez, el extremo sur del país, Tierra del Fuego, atraviesa una fuerte polémica entre el oficialismo que conduce el gobernador Hugo Cóccaro y los legisladores opositores, que cuestionan el incremento de la planta de personal que se evidencia en el Presupuesto 2006. Este
incluye 13.589 cargos contra los 11.398 que se aprobaron para el ejecutado el año pasado.

· Escenario

Los gastos 2005 dejaron un claro ejemplo de este escenario, en vista de que la partida de sueldos del conjunto de las provincias creció 33% respecto del año anterior. Además, se espera que durante 2006 la tendencia se mantenga.
Por su parte, 2005 también demostró como novedad que la expansión del gasto en personal no sólo se da en «precio» (aumento salarial) sino en «cantidad» (mayor número de empleados), con un crecimiento promedio de 11% respecto de 2002 (en algunos casos trepó a 20%), según resalta un informe de la consultora Economía & Regiones. Esto implica la incorporación de 144.800 nuevos agentes a la planta estatal provincial durante el último año.
Para 2006 «se espera un incremento del peso del gasto en personal en las erogaciones primarias de las provincias de 2%», «de esta forma, dada la inflexibilidad a la baja del gasto en personal se deberá poner especial atención en la evolución de los incrementos salariales y de la planta de personal para no poner en riesgo la solvencia de la cuentas públicas de las provincias», advierte la consultora dirigida por Rogelio Frigerio (nieto).
Por lo pronto, en su primer año de vigencia, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que controla gasto y endeudamiento de Nación y provincias, ya estará siendo incumplida en algunas de sus exigencias por varios distritos, principalmente por causa del engrosamiento del gasto en salarios.