Intendente procesado ahora en El Bolsón

El juez de Instrucción Penal Martín Lozada procesó ayer al intendente de El Bolsón (Río Negro), Oscar Romera (UCR), por el presunto delito de instigación a la violencia, por instrumentar una guardia urbana armada con palos para enfrentar a feriantes.
Este caso se suma al de otros jefes comunales que en los últimos meses fueron cuestionados por la Justicia, como les sucedió a los titulares de los ejecutivos de Pinamar, de Arroyito y Alta Gracia (en Córdoba), de Santa Rosa (en La Pampa) y de Monigotes (Santa Fe). Veamos:
c En Río Negro, el origen de la causa se produjo en enero, cuando se suscitó un enfrentamiento entre los puesteros históricos de la Feria Artesanal de El Bolsón -que funciona en la plaza Pagano- y otros de reciente instalación, a los que llaman «golondrinas» o «paralelos». La discusión entre los dos grupos degeneró en peleas y actos de vandalismo, y obligó la intervención del grupo antimotines de la Policía rionegrina.
El intendente Romera se reunió en dos oportunidades con los puesteros tradicionales y les sugirió que se encargaran ellos mismos de ralear a los recién llegados, apelando a la «fuerza y la violencia» como denunciaron ante el juez más de 20 testigos.
La encargada de prensa de la Justicia en Bariloche, Elena Ruiz, indicó que esta presunta incitación se produjo «al menos en dos ocasiones, ambas sucedidas en audiencias pú-blicas».
Los puesteros «no aceptaron la exhortación de Romera» y poco después fueron los guardias municipales los encargados de llevar adelante «la tarea propuesta previamente a los feriantes».
El juez consideró que las manifestaciones del intendente «estuvieron dirigidas a estimular una salida de fuerza a la conflictiva situación suscitada por la presencia de los feriantes paralelos en un sector de la plaza Pagano».
Asimismo, consideró que Romera «apeló directa y expresamente a manifestaciones verbales inequívocas en su contenido y dirección, destinadas a sus interlocutores con el objeto de impelerlos a que asumieran la fuerza física y la violencia para desalojar» a los puesteros.
c En paralelo, un nutrido equipo de abogados del intendente de Pinamar, Roberto Porretti, no encontró por ahora un procedimiento certero para sacar a su cliente de la cárcel, a 12 días de su detención por presunto pedido de coimas. El jueves, la negativa llegó desde el Tribunal Oral Penal 2, que rechazó un recurso de hábeas corpus por improcedente. De este modo, al menos hasta que la Cámara Penal se expida sobre la excarcelación extraordinaria -apelada por la Fiscalía-, Porretti seguirá en un calabozo de la comisaría de General Belgrano. La resolución podría conocerse a mediados de esta semana.
c También, el intendente de la ciudad cordobesa de Alta Gracia, el radical Mario Bonfigli, fue denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia por un supuesto pedido de coimas a una empresa agropecuaria de las afueras de la ciudad, en concepto de «colaboración y como muestra de buena vecindad».
c Asimismo, el jefe comunal de Arroyito será el primero en ser sometido a un jurado popular. La Cámara de San Francisco, Córdoba, confirmó el proceso desde el 2 de junio. Gustavo Benedetti está imputado de presunto abuso de autoridad.
c Por su parte, el destituido intendente de Santa Rosa (La Pampa), Juan Carlos Tierno (PJ), también deberá dar explicaciones en la Justicia local por supuesta malversación de fondos públicos. En la causa fue citado a declarar el actual interventor en la capital provincial, Gustavo Fernández Mendía.