Según fuentes judiciales, los vocales del Tribunal Superior tendrán en cuenta dos cuestiones a la hora de fallar sobre el pedido del Frente Cívico y Social: por el momento, no existen pruebas «contundentes» que hagan pensar que hubo fraude. Los jueces admiten que hubo errores en el proceso electoral y que saltaron a la vista por lo reñido del resultado final. Pero, por otro lado, los vocales admiten que las denuncias del aspirante a gobernador calaron hondo en la sociedad cordobesa y que hay que buscar un mecanismo para eliminar, aunque sea en parte, ese manto de sospecha, según informó el diario «La Voz del Interior».
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En este contexto es que el alto cuerpo analiza esta salida intermedia de abrir las urnas que están siendo cuestionadas en el escrutinio definitivo, que serán alrededor de 1.500 al final del proceso de conteo que está en marcha, según especulan en Tribunales. Con todo, no hay una estimación clara respecto de cuánto falta para que la Justicia proclame el ganador. De seguir como viene el escrutinio por actas, terminaría a fin de mes, pero faltan resolver unas cuantas incidencias. Si el Tribunal Superior admite, aunque sea parcialmente, el planteo opositor, los plazos se correrán. Tanto el juecismo como el oficialismo saben de esta posibilidad. En ese contexto, ambas fuerzas reforzaron sus estrategias en el escrutinio definitivo que ayer cumplió su octava jornada. Los apoderados del Frente Cívico y Social están pidiendo la nulidad de una gran cantidad de urnas, mientras el oficialismo trata de que se consolide la mayor cantidad de mesas posible.
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