El primero es el asesinato del policía Carlos Sayago, en Las Heras en febrero de 2006. El segundo ocurrió en Puerto Deseado, cuando un grupo de trabajadores marítimos incendió instalaciones de varias empresas. Los motivos pueden ser muchos, pero quizás el más claro fue la negativa constante de un gobierno nacional apoyado en los municipios y las provincias a aumentar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Ambos son distintos, algunos tendrán mayor o menor legitimidad, pero en sistemas como los nuestros es inadmisible recurrir a la violencia para conseguir lo que uno quiere. Antecedentes Sin embargo, es importante revisar la historia de nuestra provincia para encontrar que nuestros trabajadores nunca se caracterizaron por realizar acciones de este tipo salvo en situaciones límites. Ni los petroleros, docentes, municipales y marítimos en otras épocas fueron tapa de diarios que los rotularan como personas violentas. Muchos medios afirman que el recurso de la violencia es inadmisible porque los trabajadores tienen los medios para expresarse y reclamar. Pero ¿es así en Santa Cruz?, y ¿hay interlocutores a nivel municipal, provincial y, de última, nacional a los que se les pueda reclamar? Sin entrar en la discusión de si el gobernador y el intendente prefirieron estar en los actos de la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en La Plata o en el que hicieron a pocos kilómetros en Puerto Santa Cruz, a ponerse al frente del caos de Puerto Deseado; la respuesta es un no rotundo. En todos los casos que generaron conflictos sociales en los últimos tiempos en nuestra provincia fallaron los responsables directos de dialogar con los sectores en pugna. Del renunciado ministro Daniel Varizat al nuevo gobernador Daniel Peralta siempre eligieron el camino equivocado. En lugar de escuchar prefieren descalificar a los trabajadores y a todo el que piensa distinto. Cumplen con el estilo del Ejecutivo nacional y del Frente para la Victoria, donde el otro, ante cualquier disidencia, se transforma en un enemigo que traiciona. Esta situación genera un clima de violencia que dificulta la convivencia social generando conflictos que perjudican a todos los sectores involucrados: trabajadores, empresarios y autoridades. Es imprescindible que los gobiernos nacional y provincial cambien esta metodología permanente de tirar de la cuerda hasta el último momento. En todos los casos de violencia laboral (petroleros en Las Heras y marítimos en Puerto Deseado) y de corrupción (Skanska, Miceli y Picolotti), el gobierno pasa días intentando tapar el sol con la mano y sólo actúa cuando no le queda otra porque las consecuencias son irreversibles. Crisis Esta política nos está llevando a tener una grave crisis institucional. Una Santa Cruz sin gobierno que para apaciguar tiene que esperar las órdenes, ya ni siquiera del Presidente, sino de un ministro del Interior que interviene la provincia con la Gendarmería nacional. Una Santa Cruz que tiene que esperar que el Presidente se sienta amenazado por un posible paro de Hugo Moyano para empezar a pensar si sube el mínimo no imponible. Hace un año quien escribe votó en contra en el Congreso a la negativa de elevarlo. Obvio, bajo el gobierno del presidente Néstor Kirchner fui tratado de traidor y desleal por el Poder Ejecutivo y el Legislativo de entonces. El gobierno necesita comprender que la política de tirar de la soga no funciona. La cuerda se está cortando, ocasionando consecuencias cada día más trágicas.
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