La iniciativa, acordada por el gobernador Alberto Weretilneck con Nación, obtuvo 38 votos favorables y tres en contra. Autoriza al distrito tomar deuda por hasta u$s60 millones. Críticas opositoras por la transferencia "sin recursos".
La Legislatura de Río Negro sesionó este jueves.
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves el traspaso de las rutas 22 y 151 a la provincia, luego de la suscripción del acuerdo entre el gobernador Alberto Weretilneck y Nación. El proyecto obtuvo 38 votos positivos y tres negativos y autoriza al Estado a tomar deuda por hasta u$s60 millones.
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Tras la luz verde legislativa, y después de que Weretilneck firme el entendimiento con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, Río Negro asumirá la gestión y el mantenimiento de ambos corredores viales por un plazo de 20 años.
La iniciativa fue aprobada en única vuelta, con 38 votos afirmativos y 3 negativos de Leandro García, Luis Ángel Ivancich y Alejandra Más, del bloque PJ-NE. El resultado de la votación general reflejó un amplio consenso sobre la necesidad de intervenir de manera urgente en ambas trazas interprovinciales.
La propuesta establece las condiciones para el traspaso de ambos corredores a la órbita de la Dirección de Vialidad Rionegrina. Además, el texto declara la emergencia vial provincial por el plazo de un año en toda la extensión de ambas rutas dentro de la provincia, lo que facultará a la autoridad de aplicación a realizar contrataciones directas de urgencia para obras y mantenimiento.
Para financiar este programa de obras en los tramos de mayor criticidad, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento de hasta u$s60 millones con el organismo FONPLATA u otra entidad de financiamiento multilateral.
El legislador Carlos Valeri (JSRN), miembro informante de la iniciativa, expuso que la provincia arrastra un escenario de desinversión vial por parte de los sucesivos gobiernos nacionales de los últimos 14 años. Valeri detalló que la parálisis de las obras y el deterioro crónico de las banquinas y calzadas generaron un descontento absoluto en la comunidad.
De acuerdo con los datos brindados por el legislador, el estado "calamitoso" de las rutas 22 y 151 costó la vida de 212 personas entre los años 2018 y 2026.
Su par Leandro García (PJ-NE) manifestó su oposición al proyecto al considerar que la transferencia de competencias sin recursos consolida una estafa a los rionegrinos. García argumentó que el esquema de contratos abiertos no resolverá las dificultades de tránsito en los sectores críticos.
El parlamentario criticó que la provincia deba endeudarse en dólares mientras el Estado nacional recauda y retiene de forma discrecional los fondos generados por el impuesto a los combustibles en las estaciones de servicio locales.
Desde el bloque de la oposición, Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) prestó su voto favorable bajo el argumento de que la crisis vial actual constituye una trampa mortal y una cuestión de emergencia humanitaria que no admite dilaciones.
Sin embargo, Pilquinao remarcó que la Nación transfiere obligaciones de alta complejidad sin enviar financiamiento asociado, y alertó sobre el peligro de que los recursos destinados al repago de la deuda en dólares resten presupuesto a sectores esenciales como la salud pública, la educación y la seguridad.
Al cierre del debate legislativo, el presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), rechazó las críticas de las bancadas opositoras y defendió la coherencia política de su espacio.
López sostuvo que las leyes nacionales votadas por los representantes de su partido provincial responden a la convicción de consolidar el desarrollo energético y atraer grandes inversiones de infraestructura a Río Negro. El legislador destacó que el gobernador Alberto Weretilneck "mantiene la obra pública provincial activa y libre de sospechas de corrupción, lo cual diferencia la gestión actual de las experiencias históricas del orden nacional".
Por último, López ratificó que el financiamiento de 60 millones de dólares cuenta con condiciones de amortización óptimas y el respaldo de las regalías hidrocarburíferas dolarizadas que percibe la provincia en la región.
Concluyó que el convenio resguarda los recursos de los rionegrinos mediante un artículo de recupero de inversión que obligará a cualquier futuro concesionario o al propio Estado nacional a compensar los fondos destinados a las trazas, y reafirmó que el texto legislativo representa una opción indiscutible por la defensa de la vida y el progreso rionegrino.