Efectivos policiales custodian los ingresos a las plantas petroleras ante la posibilidad de tomas por parte de los rebeldes.
Santa Cruz - En un intento de evitar un impacto aún mayor del paro por tiempo indeterminado iniciado hace una semana, el gobernador justicialista Daniel Peralta confirmó ayer que «la Policía de la provincia escoltará a los petroleros que quieren trabajar», una situación que en rigor ya se viene dando por la tensión que genera la protesta.
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En paralelo, anoche intensificaba su mediación el Ministerio de Trabajo nacional. «Sigue de cerca el conflicto», aseguró Peralta.
La medida de fuerza -en reclamo de la urgente normalización del intervenido Sindicato de Petroleros Privados, que lideraba el depuesto Héctor «Chaco» Segovia- tiene ribetes violentos, al haberse anotado ya la toma de plantas, la quema de vehículos y hasta una agresión al actual intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, quien además es el compañero de fórmula de Peralta, que buscará su reelección en los comicios provinciales del próximo 23 de octubre.
«No vamos a permitir que se corten rutas ni se interrumpa la actividad en los yacimientos», advirtió ayer Peralta, quien todavía sufre las consecuencias de la virulenta huelga petrolera que se extendió durante extenuantes 26 días en abril pasado, que se tradujo en pérdidas millonarias para las desgastadas arcas locales y en dificultades en la provisión de combustible a nivel país.
La reacción tiene que ver con que el Sindicato de Personal Jerárquico comenzó a evaluar la posibilidad de abandonar las tareas que llevan adelante en los yacimientos frente a la inseguridad para sus afiliados que genera el tenso paro. De concretar esa amenaza, la producción se verá seriamente amenazada.
En paralelo, Peralta también insistió en su preocupación por «la posibilidad del éxodo de empresas de servicio» a la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, frente a la escalada de protestas.
Frente a este escenario, trascendió que empresas petroleras que operan en el estado patagónico iniciaron gestiones extraoficiales en pos de que el Gobierno provincial y Nación se aboquen a resolver el conflicto con urgencia.
Se trata, en rigor, de un nuevo coletazo de la virulenta interna que azota al gremio petrolero, cuya normalización depende de los hilos que mueve la Federación del Petróleo y Gas Privado que conduce Alberto Roberti, esposo de la diputada provincial bonaerense Mónica López, que es la candidata a vicegobernadora de Francisco de Narváez.
«Acá hay intereses de cierto sector de la oposición a nivel nacional porque ésta es la provincia de la Presidenta. Alguien nos quiere perturbar este proceso de producción. A nosotros no nos chantajea, no nos extorsiona absolutamente nadie», advirtió en las últimas horas Peralta.
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