Ley fiscal ya limita suba salarial en las provincias

El efecto de la norma -que pone un cepo al gasto y al endeudamiento de las provincias-ya tiene implicancia en provincias, donde ante los reclamos de subas salariales impulsados por estatales -puja que se mantiene con fuerza en gran parte del país, desde mediados de 2004-, los gobiernos ya hicieron saber que están ceñidos por el corset impuesto por la ley federal que comenzó a regir este año. «La Ley de Responsabilidad Fiscal nos prohíbe concretar aumentos (de salarios) en el gasto. Además, los sueldos se fueron adecuando durante 2004, aunque las expectativas de los empleados siempre son mayores», aseguró ayer el ministro de Economía de Tucumán, Jorge Jiménez.
En este distrito, como consecuencia de la adhesión a la mencionada ley, el gobierno de José Alperovich sólo podrá destinar durante este año 50% del presupuesto al pago de los sueldos de los 65.000 empleados públicos, lo que representa una cifra de alrededor de
$ 900 millones.
Según advirtió el ministro tucumano, el compromiso asumido a través de la nueva ley impedirá discutir posibles nuevos aumentos salariales durante este año.
En igual sentido, en la provincia de San Juan, la adhesión a la ley fiscal impide la aplicación de un aumento de
$ 200 reclamado por docentes. Aun así, el gobierno baraja una serie de alternativas para evitar un conflicto, aunque siempre se trataría de montos menores.
 Aval
La ley fiscal cuenta con la adhesión de 16 provincias, las cuales, junto al gobierno nacional, están obligadas a cumplir con una serie de requisitos -premios y castigos mediante- para controlar las variables de gasto y endeudamiento público, con miras a generar superávit al cierre del presente ciclo.
Las premisas no resultan fáciles de cumplir en un año con fuertes aumentos en los servicios de deuda y en provincias donde los salarios insumen alrededor de 60% del presupuesto.
Los requisitos impuestos incluyen que el gasto corriente no puede superar la tasa de aumento del PBI nacional, mientras que si la deuda supera 15% de su propio PBI, los distritos deberán lograr un superávit que garantice la reducción del endeudamiento y no podrán tomar nuevos préstamos.
 Más restricciones
Asimismo, los distritos que incumplan la ley se exponen a restricciones en el otorgamiento de beneficios impositivos nacionales para el sector privado; en tanto que se postula una limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional, por fuera de los recursos coparticipables de transferencia automática.
De todos modos, el pedido por incremento de haberes está teniendo respuesta positiva en otros puntos del interior, donde buscan imitar el aumento de $ 100 que otorgó Nación desde este mes para la planta federal y los privados.
En este sentido, en La Rioja, el gobernador Angel Maza anunció ayer el pago de «un adicional de $ 100 no remunerativo y por única vez» para empleados estatales, que se abonará con el sueldo de febrero y que alcanzará a 32 mil agentes de la administración central y municipios.
Paralelamente, en Córdoba y Santa Fe, ya se estudia la implementación de un nuevo aumento salarial, en tanto que Buenos Aires mantiene el régimen de negociaciones colectivas entre la cartera laboral y los gremios provinciales.