2 de julio 2012 - 22:01
Los Dragones extendió piquetes y afectó todos los yacimientos
-
Los gobernadores dialoguistas hacen equilibrio entre la crisis fiscal y las negociaciones con Milei
-
El gobernador Poggi anunció que impulsará una reforma constitucional en San Luis
Los activistas extendieron los piquetes a otros puntos de la Ruta 3.
En medio de este delicado escenario, por orden del gobernador justicialista Martín Buzzi cerca de 80 efectivos policiales custodian desde ayer las plantas petroleras -no sólo la de Cerro Dragón- y a sus vehículos, por temor a nuevos destrozos.
Días atrás, tras un accidente que le costó la vida a nueve gendarmes, Cristina de Kirchner anunció que esa fuerza de seguridad no intervendrá más en conflictos provinciales.
«No es un servicio adicional; como funcionarios públicos debemos garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vehículos por requerimiento de las empresas, para que puedan llegar al destino de trabajo», afirmó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Luis Butazzi.
Por su parte, la jueza Eva Parcio retomó la instrucción de la causa por la toma de Cerro Dragón hasta que la Corte Suprema resuelva la competencia del caso. En ese marco, el gobierno de Buzzi se presentó como querellante.
En reclamo de una equiparación salarial con los petroleros, entre otros reclamos, Los Dragones -disidentes de la UOCRA- desplegaron hace hoy doce días una virulenta toma del yacimiento, que incluyó graves destrozos y la parálisis de la producción.
El lugar fue liberado tres días después, pero los piquetes se perpetuaron -también las complicaciones en la producción- al ritmo del estancamiento de las negociaciones entre los activistas y PAE.
El Gobierno del justicia-lista Martín Buzzi mostró dureza con ambas partes, al anunciar sanciones para la compañía por no producir y confirmar la quita de la personería a Los Dragones.
«Ninguna de las partes está cediendo nada; en lugar de acercarse se están alejando», lamentó ayer el subsecretario de Trabajo provincial, Simón Cimadevilla.
«Las negociaciones están estancadas», admitió por la mañana el vocero rebelde, Guido Dickanson, además de advertir que profundizarán las protestas y que no permitirán que los «extorsionen». También denunciaron que PAE los «usó» para presionar a Nación para que le devolviera el incentivo «Petróleo Plus», que estimaron en «28 dólares por barril».
Según el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Mario Mansilla, «hubo un objetivo claro de desestabilización». Por su parte, el titular del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Patagonia Austral, José Lludgar, criticó «la violencia» de la agrupación disidente de la UOCRA.




Dejá tu comentario