Manzur analiza quitar concesión de transporte

El Gobierno de Tucumán presentó una acción judicial penal contra los empresarios de transporte público por no cumplir con el pago de los salarios de los choferes, tras haberles otorgado subsidios por $51 millones, situación que ocasionó un nuevo paro en la provincia.

Si bien anoche se restablecía el servicio tras la acreditación de los sueldos, el mandatario peronista Juan Manzur analizaba al cierre de esta edición rescindir la concesión de las empresas que brindan el servicio urbano e interurbano de pasajeros.

Los choferes de colectivos llevaron adelante ayer un paro debido a un atraso en el 60% de sus sueldos, informó César González, de la Unión Tranviarios Automotor. “No vemos por qué no hacen efectivo el pago si ya cuentan con el dinero de los subsidios”, reclamó el gremialista.

Ante esta situación, Manzur ordenó a la Fiscalía de Estado que impulse una demanda penal contra los propietarios de las empresas por los “problemas socioeconómicos” que causó la medida de fuerza, que afectó a más de 300 mil usuarios, luego del subsidio de $51 millones que el Gobierno otorgó el viernes pasado a las empresas de transporte, que se hizo efectivo el sábado.

El fiscal de Estado, Federico Nazur, explicó que los subsidios federales se triplicaron y en los casos que están pendientes de entrega es porque las empresas no presentaron las rendiciones de cuenta correspondientes.

Por su parte, el vicegobernador Osvaldo Jaldo convocó a una Labor Parlamentaria para analizar la posibilidad de rescindir las concesiones “respetando la autonomía de las municipalidades”. “La idea es coordinar acciones con los intendentes para avanzar en un llamado para que otras compañías se hagan cargo del servicio”, dijo Jaldo.

César Atim, referente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat), indicó que las empresas tienen un “déficit de $385 millones por los subsidios no percibidos”, situación que, según dijo, “complica” a las empresas.