Mendoza cambió banco para renegociar la deuda externa

El rediseño se produce a sólo 18 días del primer vencimiento de intereses 2004 del bono, por u$s 12,5 millones. No hay en rigor riesgo de default en esa fecha, ya que de no pagar -una posibilidad latente- se activará una prórroga de 30 días para cancelar el compromiso, recurso que el gobierno mendocino ya usó varias veces.De abrirse ese camino se iniciará entonces un trabajo a contra reloj, ya que hasta ayer el gobierno mendocino no había firmado contrato con la nueva entidad, que comandará las conversaciones con los tenedores.
JP Morgan había ganado una licitación meses atrás para encarar la reestructuración de la tajada más importante de la deuda provincial en el exterior. Sin embargo, Cobos anunció esta semana el traspaso de tareas a ING. El mandatario explicó que la provincia «no ha podido acordar la letra chica del contrato, porque había requisitos que nos imponía el banco que no estaban dentro de la oferta». Se trata del escenario en el cual deben dirimirse eventuales conflictos en cuanto al asesoramiento del banco: mientras que para JP Morgan debían ser los tribunales de Nueva York, para el gobierno provincial -en base al pliego de la licitación- deben ser los de la Argentina.
Desde el gobierno local aclararon que, a pesar del cambio de agente negociador, seguirá intacta la intención de no imponer una quita de la magnitud que pretende Néstor Kirchner, de 75%.
«Vamos a apoyar la estrategia de Nación. Queremos que al Presidente le vaya bien. Pero eso no significa que nosotros no vamos a fijar nuestra propia estrategia. Nuestro plan está basado en la prudencia y en el silencio. Queremos evitar los juicios contra la provincia», aclaró Cobos.
El bono -colocado en 1997, durante el gobierno de Arturo Lafalla (PJ)- tiene su vencimiento de capital por u$s 250 millones- en 2007. «Este gobierno debe reestructurar el bono, porque fue creado bajo una situación financiera del país que hoy no existe», aseguró ayer el ministro de Hacienda mendocino, Alejandro Gallego, quien insistió además que en las condiciones actuales del Aconcagua «la provincia no pueda pagar los 250 millones de dólares en 2007».