Si bien fue recibido como una noticia excelente, aún no conforma al Ejecutivo el fallo de la 5ª Cámara Civil que obligó a la jueza Carmen Alicia Coronel Pfister a devolver $ 30 mil que recibió producto de la indexación. Al parecer, las expectativas no son buenas respecto de la futura decisión del conjuez Luis Cuervo, que atiende el caso por la masiva indexación de los sueldos de jueces. En principio, Cobos pedirá a este magistrado «garantías reales», en caso de que los jueces tengan que devolver el dinero; en tanto que se presentará ante la Comisión de Etica del Colegio de Abogados para intentar inhibir a Cuervo. Además, pedirá jury a los 67 jueces que recibirán la liquidación por el índice de precios retroactivo a 2002. Cabe indicar que los magistrados que van por la indexación cobrarán entre $ 58 mil y $ 134 mil; esta última cifra corresponde a la defensora penal de pobres y ausentes, Beatriz Cristina Fernández. En total, los jueces «indexadores» costarían al Estado mendocino alrededor de $ 6,5 millones. Pagar esta cifra sería catastrófico para Cobos, luego de un largo enfrentamiento con los magistrados locales. Cabe recordar que en torno a este conflicto la Justicia de la provincia había fallado por primera vez a favor del Ejecutivo semanas atrás, cuando ordenó a Coronel Pfister devolver el dinero cobrado. En ese entonces, la Cámara Civil dejó sin efecto la sentencia del 2º Juzgado Civil de San Martín, que ordenaba indexar el sueldo de la magistrada. La decisión se tomó al hacer lugar a la apelación del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía de Estado, y uno de los fundamentos de la sentencia es lo que resolvió en marzo de este año la Corte de la Nación respecto de los magistrados de Entre Ríos, un caso que Cobos siempre siguió muy de cerca.
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