Motín: exigen que gobierno investigue muerte de presos

El incendio en el Penal de Varones provocó la muerte de 34 internos.

Santiago del Estero ( especial) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Néstor Kirchner que investigue el sangriento motín desatado el pasado domingo en el Penal de Varones de la capital santiagueña, con el saldo ya de 34 reclusos muertos, a partir del fallecimiento ayer de otro de los presos.

En paralelo, exigió que el Estado argentino «tome las medidas necesarias» para garantizar «la vida y la integridad de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en América.

El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en Costa Rica. Este segundo organismo también hizo foco en los últimos años en las cárceles del país, de la mano de serios cuestionamientos desde 2004 a las falencias de las prisiones de Mendoza, que incluyeron un pedido formal al gobierno argentino en pos de la adopción de medidas inmediatas para preservar la vida de los detenidos en esa provincia.

Antecedente

El reclamo del organismo internacional no fue, sin embargo, el único dato incómodo para el mandatario y radical K Gerardo Zamora, ya que, además, una comisión de expertos enviada por el gobierno nacional determinó que la construcción donde hoy funciona el penal «no es la adecuada» para albergar a los reclusos, si se tienen en cuenta los cánones internacionales.

La crítica evaluación se suma al hecho de que el edificio sufre una preocupante superpoblación carcelaria, ya que albergaba a 480 reclusos cuando sólo debía contener a 180.

Se trata de una problemática que, en rigor, afecta a buena parte del país. Por eso se convertirá ineludiblemente en eje del nuevo encuentro del Consejo Federal Penitenciario -que congrega a los responsables de las cárceles de todo el país-, previsto para la semana próxima (15 y 16 de noviembre) en Buenos Aires.

La cumbre había sido reclamada públicamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que la reunión fue definida antes del motín del domingo.

«La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH expresa su preocupación por la información recibida sobre muertes de reclusos en una cárcel en Santiago del Estero, y solicita al Estado investigar los hechos», sostuvo el organismo interamericano. En paralelo, resaltó que «conforme al derecho internacional, el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia».

«Por lo tanto, la comisión insta al Estado argentino a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario», recalcaron, además de enfatizar que «el Estado debe evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro, para lo cual es indispensable realizar las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes».

Desembarco

Justamente, el presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, tiene previsto participar el lunes y el martes próximos, en la Facultad de Derecho de la UBA, del Seminario de Buenas Prácticas Penitenciarias.

En sintonía con los cuestionamientos del organismo internacional, en tanto, los sacerdotes que trabajan en la pastoral penitenciaria de la Diócesis de Santiago del Estero reclamaron «una profunda revisión del sistema penitenciario», al advertir que el actual «no respeta los derechos inalienables de los encarcelados» y además «humilla a las familias visitantes, especialmente a las mujeres». También volvieron a condenar «la inhumana superpoblación de la Unidad 1 de Santiago del Estero, que refleja el maltrato y que reclama urgente una solución estructural».

En este delicado marco, una inspección ocular realizada ayer en el penal determinó que la construcción de la cárcel «no es la adecuada», según lo que determina la legislación internacional. La evaluación fue realizada por la comisión que el Ministerio de Justicia de la Nación envió a la provincia para colaborar con el gobierno local en el esclarecimiento del motín, que incluyó un incendio que resultó mortal -por intoxicación a raíz de la quema de colchones y quemaduraspara ya 34 reclusos.

«Es una cárcel que tiene sus años, con un tipo de construcción que ya no es la adecuada, de acuerdo con lo que la legislación en el mundo exige», sostuvo el inspector general Carlos Grassini, al término de la recorrida.

El especialista consideró, además, que «las autoridades locales tendrán que ver si están en condiciones o desean diseñar algo diferente para poder proyectar los cambios que necesitan para la institución», además de advertir que «en cualquier cárcel del mundo, si existe superpoblación, suele ser la génesis de los conflictos que terminan en estos incidentes».

En tanto, ayer se reanudó el juicio por el doble crimen de la Dársena, que involucra a ex figuras del juarismo y a ex policías, y que había sido suspendido el lunes con motivo del motín.